La fallida construcción del nuevo parque de Guadalupe, en el cantón de Goicoechea, San José, atiza la hoguera en el Concejo Municipal, en la Municipalidad y entre creadores de contenido, que se vuelan filo duro y directo.
Lo más certero de todo es que los guadalupanos se quedaron sin parque hasta nuevo aviso.
La versión oficial del ayuntamiento se conoció a través de un comunicado que publicó en sus redes sociales, en el que argumenta que finiquitó el contrato, porque “no existían fundamentos técnicos, ni legales que permitieran ampliar el plazo contractual”.
El Consorcio Progresa – Hemeca ganó el concurso, después de un tortuoso camino entre apelaciones y disputas ante la Contraloría General de la República (CGR).
Finalmente, dicha institución le dio visto bueno a que esas empresas sacaran adelante las obras y el contrato se les adjudicó el 21 de octubre del 2025 por ¢950 millones. Se tenía programado que los trabajos finalizaran en agosto del 2026 y que los guadalupanos lo estrenaran con la celebración del cantonato.
Ahora bien, de acuerdo con los documentos públicos que están disponibles en la plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), el consorcio solicitó una prórroga, pero la administración municipal decidió terminar el contrato.
¡Qué Torta! analizó los archivos y determinó, en primera instancia, que a Progresa – Hemeca únicamente se le reconocieron un 52,7% de los desembolsos. Eso quiere decir que les cancelaron poco más de ¢500 millones y quedaron sin liquidar ¢449,7 millones.
Aunque esto no se liga directamente con el avance en obras, es un número que suele ser bastante parecido en las construcciones, lo que quiere decir que, en buen tico, el parque quedó a medio palo.
La empresa pidió más tiempo
El 19 de junio del 2026, el Consorcio Progresa-Hemeca solicitó ampliar el plazo contractual hasta el 3 de setiembre del 2026.
En uno de los documentos sostiene que los atrasos obedecían a decisiones tomadas por la propia Municipalidad, entre ellas la retención de pagos ya aprobados, demoras en órdenes de cambio, atrasos administrativos y un desequilibrio financiero que, según afirma, llegó a superar los ¢111 millones durante la ejecución del proyecto.
Asimismo, sostuvo que la Municipalidad mantiene retenidos más de ¢35,8 millones correspondientes a avances ya ejecutados.
La empresa incluso defendió que esas condiciones le impidieron adquirir equipos fundamentales para concluir la obra, entre ellos, la fuente interactiva que sería uno de los principales atractivos del parque.
La Municipalidad se mantuvo firme
La Dirección de Ingeniería rechazó completamente la solicitud de prórroga. En un informe técnico de 18 páginas concluyó que los atrasos eran atribuibles al propio contratista y que no existía fundamento legal, ni técnico para ampliar el contrato.
Entre los principales señalamientos figuran:
- Que la solicitud de prórroga fue presentada fuera del plazo legal.
- Que la empresa inició las obras varios meses después de lo programado.
- Que desde el inicio informó que debía concluir otro proyecto antes de trasladar personal al parque.
- Que hubo insuficiencia de cuadrillas durante buena parte de la ejecución.
- Que algunas obras debieron corregirse por deficiencias constructivas.
- Que las modificaciones solicitadas por la Municipalidad no justificaban extender el contrato.
Uno de los apartados más contundentes del informe sostiene que la propia planificación del contratista puso en riesgo el cumplimiento del cronograma desde el inicio, descartando que la responsabilidad recayera sobre la administración.
Se avecina una batalla legal que podría alargar, por largo tiempo, que los vecinos de Goico vivan sin parque.
