El Ministerio de Hacienda puso sobre la mesa un fuerte tijeretazo al presupuesto del Poder Judicial para lo que resta de 2026: propone recortar ₡23.722 millones mediante un presupuesto extraordinario que deberá ser conocido por la Asamblea Legislativa.
La propuesta fue comunicada este viernes 21 de agosto de 2026 y llega en un momento en que el país mantiene una fuerte presión sobre las instituciones encargadas de combatir el crimen organizado.
La mayor tajada del recorte caería sobre el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), con una reducción propuesta de ₡9.536,3 millones. El documento señala que la institución mantiene investigaciones y operativos contra estructuras de delincuencia organizada, además de recientes detenciones de líderes criminales.
Pero Hacienda no pretende recortar únicamente al OIJ.
El desglose contempla ₡8.728,8 millones menos en administración y operación, ₡3.287,9 millones en juzgados y tribunales, ₡1.087 millones en la Defensa Pública, ₡558,1 millones en el Ministerio Público, ₡335,7 millones en atención y protección de víctimas y testigos y ₡187,8 millones correspondientes al Fondo de Jubilaciones y Pensiones.
La propuesta llega una semana después de que Hacienda informara que liberaría ₡3.053 millones correspondientes a las cuotas del tercer y cuarto trimestre de 2026, recursos que inicialmente pretendía retener. La decisión se produjo luego de que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez, presentara un recurso de revocatoria contra esa retención.
Y aquí viene un detalle importante: los ₡23.722 millones que ahora Hacienda plantea rebajar son adicionales a esos ₡3.053 millones que fueron liberados recientemente.
¿De dónde sale la cifra?
Hacienda estaría sustentando el recorte en una estimación estadística elaborada con información disponible al 30 de junio de 2026 y basada en patrones históricos de ejecución presupuestaria.
Según el propio documento, esta metodología permite proyectar cuánto podría ejecutarse al cierre del año, aunque no determina por sí sola cuánto dinero está efectivamente disponible para ser recortado.
Desde el 30 de junio, el Poder Judicial asegura que ha continuado realizando contrataciones, adjudicaciones, compras y otros compromisos y pagos correspondientes al segundo semestre. Por eso, la institución sostiene que la fotografía utilizada para calcular el recorte no necesariamente refleja su situación presupuestaria actual.
De hecho, un estudio técnico elaborado por el Poder Judicial habría determinado que 56 de las 85 subpartidas escogidas por Hacienda cuentan con un disponible inferior al monto que se pretende rebajar.
Esa es, sin embargo, la posición del Poder Judicial frente a la propuesta.
El recorte todavía no está aprobado
Los ₡23.722 millones todavía no están oficialmente fuera del presupuesto.
Hacienda comunicó la propuesta mediante un presupuesto extraordinario que deberá ser conocido por la Asamblea Legislativa. Es decir, el tijeretazo todavía tiene camino por recorrer antes de convertirse en una decisión definitiva.
El Poder Judicial, por su parte, ya anunció que evalúa las acciones legales que correspondan y que el tema será conocido con prioridad por la Corte Plena en su sesión del lunes 24 de agosto de 2026.
Hay otros ₡13.242 millones sobre la mesa
El documento también hace una aclaración que puede generar confusión.
El 29 de junio de 2026, la Corte Plena había acordado ceder ₡13.242,08 millones del presupuesto en ejecución, después de una solicitud de Hacienda y como parte de los esfuerzos para contribuir a la sostenibilidad fiscal del país.
Ese monto no está incluido dentro de los ₡23.722 millones que ahora Hacienda pretende rebajar. Se trata de una reducción adicional.
En otras palabras, el recorte que ahora está sobre la mesa no es la misma plata que el Poder Judicial ya había cedido anteriormente.
Y el mayor golpe sería para el OIJ
El dato que más llama la atención es el que afecta directamente al OIJ.
De los ₡23.722 millones que Hacienda propone recortar, ₡9.536,3 millones corresponden al organismo encargado de investigar los delitos.
La propuesta se plantea mientras el OIJ mantiene operativos e investigaciones contra estructuras de delincuencia organizada y continúa participando en golpes contra organizaciones criminales.
Así que el pulso queda servido: Hacienda defiende una propuesta basada en una estimación de ejecución presupuestaria, mientras el Poder Judicial advierte que varios de los recursos señalados ya estarían comprometidos.
Ahora será la Asamblea Legislativa la que tenga la última palabra sobre el presupuesto extraordinario.
Y mientras tanto, la tijera ya está sobre la mesa.
