Los magistrados de la Sala Constitucional decidieron que el magistrado Paul Rueda no tiene que inhibirse en cuestiones relacionadas con el Gobierno, pese a que sobre su hija Jimena Rueda pesa una investigación penal por publicar un comentario en el cual se refirió de forma amenazante al presidente Rodrigo Chaves.
El pasado 15 de mayo la hija del magistrado Rueda publicó en la red social X una fotografía de del mandatario junto con las palabras “esto ya amerita un francotirador”. Esta amenaza de muerte le costó su puesto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que ahora figure como sospechosa del delito de amenaza a un funcionario público.
La respuesta de Rodrigo Chaves fue “pareciera lógico y natural que Paul Rueda debe inhibirse o si no ser recusado de cualquier cosa que tenga que ver con el Gobierno en la Sala Cuarta. ¿Por qué? Porque su hija está en una querella o está siendo investigada por una actividad delictiva penal. ¿Cómo puede ser él neutral? Ese es el primer zapato”.
La Sala Constitucional dictaminó que Rueda si está habilitado para ver esas causas con el base en el principio de derecho de la irrenunciabilidad de las competencias, que en el caso de esta sala “…se regirá por sus propias normas y principios”, según dice el artículo 31 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
“Este Tribunal ha descartado la posibilidad que los Magistrados constitucionales deban separarse del conocimiento de algún caso, con ocasión de la mera existencia de una denuncia penal planteada en su contra”, dice la resolución.
A este antecedente agrega que la presente investigación no es contra el magistrado directamente, sino contra su hija y él tampoco ha dicho nada sobre el asunto. En consecuencia no hay motivo suficiente para separarlo.
De acuerdo con el artículo 316 del Código Penal, la pena por el delito de amenaza a un funcionario público es de un mes a dos años de prisión. “Yo entiendo que don Paul es una persona influyente en el Poder Judicial, es magistrado de la Sala Cuarta”, dijo Chaves sobre el proceso.
