La Asamblea Legislativa aprobó una nueva Ley de Ejecución de la Pena que, en palabras simples, busca poner reglas claras sobre cómo se cumplen las condenas en Costa Rica. No cambia las sentencias ni reduce años de cárcel, pero sí ordena qué pasa después de que un juez dicta una condena firme.
El texto fue aprobado en segundo debate y ahora está a las puertas de Casa Presidencial, donde el presidente Rodrigo Chaves ya adelantó que la vetará.
La norma establece un marco que ordena el sistema penitenciario y define reglas claras tanto para las personas privadas de libertad como para las instituciones que intervienen en esta etapa del proceso penal. Según sus impulsores, el país tenía más de 50 años sin una ley específica que regulara de forma integral la ejecución de la pena.
Además, la ley refuerza la seguridad jurídica: cualquier beneficio, cambio en la modalidad de cumplimiento o libertad condicional deberá contar con una resolución debidamente motivada y sujeta a recursos. Es decir, nada sería automático ni discrecional.
Supongamos que una persona es condenada a 10 años de prisión por equis delito. Después de cumplir seis años, solicita libertad condicional.
Con la nueva ley: El juez de ejecución debe analizar informes técnicos, fundamentar detalladamente su decisión. Además, la víctima puede participar en el proceso y la resolución puede apelarse.
La participación de la víctima no es nueva; ya existe en la práctica y en normas dispersas, aunque de forma poco estructurada. La diferencia es que ahora quedaría regulada expresamente: cuando una persona condenada solicite libertad condicional, la víctima del delito, o sus familiares directos, en casos de homicidio, podrán ser escuchados durante el trámite. Su criterio no es vinculante, ya que la decisión final seguirá siendo exclusivamente judicial.
No se le bajan los años de condena. Lo que se regula es el procedimiento para revisar si cumple los requisitos que ya existen en el sistema para poder optar por la libertad condicional.
El presidente Rodrigo Chaves anunció que vetará la ley.
Si eso ocurre, el proyecto regresa a la Asamblea Legislativa, donde hay dos posibilidades, archivar el proyecto o resellar la ley, con al menos 38 diputados que la voten favorablemente.
En tiempos de polarización, que los diputados se hayan puesto de acuerdo para ordenar la casa podría ser un buen augurio político para figuras para la presidenta electa, Laura Fernández.
