En el Liceo Experimental Bilingüe de Aguabuena, en Coto Brus, zona sur del país, se la pelaron como los grandes.
Allí le negaron el servicio de transporte a una adolescente, de 12 años, con discapacidad múltiple por una enfermedad conocida como espina bífida mielo meningocele.
La madre le pidió ayuda al centro educativo, sin embargo, se la negaron con el argumento de que en la institución no cuentan con vehículos adaptados para transportar personas en sillas de ruedas e incluso se le informó que debían ser calificados por el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).
Por tal motivo, la señora presentó un recurso de amparo porque se violentaron los derechos que garantiza la ley 7600. Los magistrados de la Sala Constitucional le ordenaron al Ministerio de Educación Pública (MEP) que aplique las medidas necesarias para crear la ruta exclusiva en beneficio de la estudiante.
Agregó que su hija se deprimió al enterarse que se le rechazó la solicitud de transporte al colegio y reclamó que haya personas sin escrúpulos que, conocedores de estas situaciones, sigan negando derechos fundamentales a las personas con discapacidad y vulnerables.
Los altos jueces señalaron al director de la institución que solicite, en un plazo de cinco días, el transporte para la estudiante al Departamento de Transporte Estudiantil del MEP y el nombramiento de un asistente de servicios de enseñanza especial para la menor. Además, condenó al Estado al pago de daños y perjuicios en favor de la familia afectada.
