El carrerón que se pegaron los diputados y el gobierno valió la pena, pues la ley que sube las multas y permite que la Policía baje las placas a quien infrinja la restricción vehicular sanitaria salió publicada a la medianoche del sábado en el diario oficial La Gaceta.
Esto quiere decir que cualquier chofer al que multen a partir de ese momento deberá pagar ¢110.000 (antes el parte era de ¢23.000) y quedara a pata, porque recuperar las placas es un dolor de cabeza; el trámite se puede extender por 15 días, tomando en cuenta que se viene la Semana Santa.
El presidente, Carlos Alvarado Quesada, anunció que también se publicó la ley que sanciona económicamente a quien incumpla las órdenes sanitarias del Ministerio de Salud.
Además, la ley que permite que cualquier trabajador pueda retirar el fondo de capitalización laboral (FCL) si le redujeron la jornada laboral o le suspendieron el contrato de trabajo.
El texto de las multas a los choferes modifica el artículo 136 de la Ley de Tránsito y establece que el infractor acumulará seis puntos en la licencia.
“No estarán sujetos a esta restricción las ambulancias públicas y privadas, los vehículos del Cuerpo de Bomberos, los vehículos utilizados por los cuerpos de policía públicos y el Organismo de Investigación Judicial del Poder Judicial, sin perjuicio de otros casos que se determinen vía decreto ejecutivo con su respectiva fundamentación”, especifica el proyecto.
El dinero que se recaude por las multas establecidas se usarán para financiar ayudas a personas afectadas económicamente por la emergencia del COVID-19.
Esta ley la votaron 45 diputados a favor y uno en contra en segundo debate.
La restricción vehicular sanitaria es más rigurosa a partir de este viernes 3 de abril. Ningún chofer podrá circular de 5 p. m. a 5 a. m., salvo excepciones.
