Durante la presentación de su informe por los primeros cien días de su administración, la Presidente de la República, Laura Fernández, anunció un proyecto de ley para concretar por fin la construcción de Ciudad Gobierno, un complejo que albergaría en un mismo lugar las sedes de 18 ministerios e instituciones autónomas y evitaría que el Poder Ejecutivo sigas pagando alquileres de edificios.
“Los ahorros conservadores que hemos proyectado en ese proyecto, hasta que nos cayó la Contraloría y nos prohibió seguir avanzando, los ahorros proyectados que teníamos eran de alrededor de $26 millones de dólares anuales (₡11.636 millones al tipo de cambio actual), y eso es muchísimo dinero que se traduciría en nuevas escuelas, en nuevos puentes, en más infraestructura en salud, en más inversión en tantas necesidades del pueblo de Costa Rica”, explicó Fernández.
La Presidente también dijo “son tantos los millones que perdemos con cada día que pasa sin que tengamos Ciudad Gobierno, son tantos los millones en pagos de alquileres que van a los bolsillos de los dueños de esos edificios, que yo no pretendo hacer perder más tiempo al pueblo de Costa Rica ni dinero tan necesario”.
Además, Fernández declaró que apoya el proyecto de reforma de los artículos 66 y 67 de la Ley General de Contratación Pública “porque no concibo como Presidente de la República que por cada proyecto de mega infraestructura que vayamos a hacer tengamos que aprobar una ley especial”. Ella recordó que dicho proyecto se encuentra en la corriente legislativa desde el gobierno anterior.
Ciudad Gobierno era uno de los grandes proyectos de infraestructura que surgieron durante el primer año de la presidencia de Rodrigo Chaves. A finales de febrero de 2023 el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) había aprobado préstamo de $450 para financiar el proyecto y ya se contaba con un diseño por parte de un equipo de arquitectos.
Estaba programado que la construcción comenzara en setiembre de 2023. Sin embargo, la Contraloría General de la República (CGR) lo impidió con el argumento de que “no es posible utilizar la figura de compra y arrendamiento de bienes inmuebles prevista en el artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública (LGCP) para contratar de forma directa el objeto indicado por la administración”.
De forma semejante la CGR también detuvo las obras para la construcción de la Marina y Terminal de Cruceros de Limón que la administración Chaves Robles propuso en agosto de 2023. El 2 de julio de 2026 la presidente Laura Fernández firmó el proyecto de ley y designó a Rodrigo Chaves como coordinador del equipo a cargo de realizar el proyecto.
