Cuatro resoluciones de la Sala Cuarta que se fundamentan en la “defensa del principio de autonomía constitucional de la Caja Costarricense del Seguro Social” tienen brincando en una pata a diferentes sindicatos médicos del país.
Las sentencias tuvieron una votación de cinco contra dos y le ordenan al gobierno de Rodrigo Chaves que debe restituir en sus puestos a los directivos Martha Rodríguez y José Luis Loría Chaves.
A su vez, los magistrados anularon los nombramientos de José Luis Castro Vásquez y María Isabel Camareno.
El argumento más sólido que se expone en un boletín de prensa que emitió el órgano judicial establece que es “inconstitucional la suspensión cautelar anterior al inicio del procedimiento administrativo en contra de varios integrantes de la CCSS, que fue dispuesta por el Consejo de Gobierno”.
La lectura que le dieron los altos jueces se ajusta a lo que establece la ley orgánica que les “otorga a los directivos absoluta independencia y garantía indefectible de inamovilidad en el ejercicio de sus cargos, de tal forma que puedan ejercer sus funciones sin presiones externas”.
Precisaron que los directivos sí pueden ser separados “hasta que se declarare alguna responsabilidad legal en su contra”.
Los magistrados Fernando Castillo (presidente) y Anamari Garro Vargas salvaron el voto al considerar, entre otros elementos, que “el resguardo del principio de autonomía institucional de la CCSS no constituye materia de amparo, sino mediante los procesos constitucionales de defensa de la Constitución”.
El Sindicato Nacional de Médicos Especialistas (Siname) “celebró” la noticia, pues sostiene “que la medida que suspendió a los directivos iba con la clara intención de quitar a aquellos miembros que no estuvieran alineados con la posición del gobierno”, destacó la organización en un comunicado.
Albino Vargas, presidente de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), sostuvo que esto fue un “golpazo político a Chaves”.
La ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, expresó a través de un video que distribuyó Casa Presidencial que se valorarán las implicaciones jurídicas. “Esto no detendrá la lucha que este gobierno inició para rescatarla (a la CCSS)”, aseguró.
