El homicidio de Kimberly Araya provocó una reacción de la Defensoría de los Habitantes, la cual publicó que los esfuerzos para combatir la violencia contra las mujeres en el país siguen siendo insuficientes y expresó la urgencia de tomar acciones para prevenir esta forma de violencia a través de la educación.
“El país cuenta con el diseño de un sistema de protección contra la violencia de género, pero se queda corto para dar respuestas efectivas y oportunas al momento de las transgresiones”, aseguró la institución en un comunicado y recalcó que en 2023, hubo 72 muertes violentas de mujeres, de las cuales 18 fueron catalogadas como femicidios.
Desde la Defensoría de los Habitantes manifestaron que es urgente implementar acciones para prevenir la violencia de género desde la educación, y afirmó que “debe incluir todos los espacios de interacción y formación humana, en los hogares, las escuelas, las universidades, las iglesias, las comunidades, los centros de trabajo, las instituciones, entre otros”.
La Defensoría hizo un llamado al Poder Judicial, al Ministerio de Seguridad Pública y al Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) para que atiendan con diligencia todos los casos que se presenten sin distinguir edades, lugares, condición o circunstancias. A los Poderes Ejecutivo y Legislativo les pidió crear políticas y leyes con el fin de detener la violencia contra las mujeres.
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Kimberly Araya, de 33 años y madre de tres hijos, fue declarada desaparecida el jueves 18 de abril de 2024. El viernes 26 de abril un equipo de búsqueda halló su cuerpo en un acantilado de 1.400 metros de profundidad, ubicado a dos kilómetros del Túnel Zurquí dentro del parque Braulio Carrillo.
El único sospechoso de su muerte es su marido, Deive Pérez, cuyo carro fue captado en video por varias cámaras con un bulto cubierto con una sábana. El hombre fue detenido y puesto a la orden de las autoridades.