El acuerdo que anunció la junta directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) junto con el Ministerio de Hacienda para que el Estado desamarre unos perros que tiene desde hace añales está en suspenso.
Casualmente, las autoridades informaron sobre un convenio tan solo horas antes de que se dieran a conocer cuatro resoluciones de la Sala Cuarta, que restituyen a dos directivos de la CCSS.
Ese muñequeo podría variar el tablero considerablemente sobre decisiones que haya tomado la junta directiva de la institución desde que se volaron a los dos funcionarios en cuestión, a finales de diciembre del 2022.
Según lo que comunicaron las autoridades, ya se había definido una ruta para ir bajando la deuda del Estado con la CCSS.
Incluso, esto implica la creación de una comisión conjunta de funcionarios de Hacienda y de la Caja para hacerse cargo del proceso.
Nogui Acosta, ministro de Hacienda, expresó con respecto al acuerdo inicial: “A lo largo de los años, el Ministerio de Hacienda y la Caja Costarricense de Seguro Social han tenido diferencias en relación con los montos correspondientes al pago de las cuotas y también a una serie de convenios y leyes especiales. Por eso, esta reunión es importante, ya que vamos a iniciar un proceso de conciliación”.
El jerarca consideró que es importante establecer el rumbo del proceso para ponerse de acuerdo en las cantidades e iniciar los pagos.
Por su parte, el presidente de la junta directiva de la CCSS, Roberto Quirós, explicó que en julio del 2023 se firmará un convenio a corto plazo que permita al Estado entregar a la Caja los fondos para atender el régimen de Pensiones.
“Nos sentimos sumamente complacidos por la disposición del gobierno de la República para atender las obligaciones con la CCSS, esto nos permitirá atender con prioridad el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM)”, dijo Roberto Quirós.
Todo esto queda en veremos hasta que determine si estos acuerdos tendrán algún efecto ante los pronunciamientos de los magistrados.