Los diputados del autodenominado “Bloque Democrático” protestaron al conocer que la Presidente del Congreso, Yara Jiménez, ordenó archivar los informes de investigación sobre la denuncia contra el ahora exdiputado Fabricio Alvarado por supuesto hostigamiento sexual. De acuerdo con el Departamento de Servicios Técnicos ya no se puede sancionar a Alvarado porque dejó de ser diputado el pasado 1 de mayo.
El diputado del Frente Amplio, José María Villalta, se refirió a la decisión de Jiménez como “un acto vergonzoso, carente de fundamento jurídico, que más bien implica garantizar y reforzar la impunidad para los acosadores sexuales. Hemos presenciado una resolución donde en esta Asamblea Legislativa se pretende institucionalizar la red de cuido y la protección para los acosadores sexuales”.
Claudia Dobles, representante de Coalición Agenda Ciudadana (CAC) expresó “como mujer me siento absolutamente indignada de la vergüenza que acabamos de presenciar el día de hoy en este plenario. Peor aún que esa vergüenza haya sido defendida por otras mujeres. Es importante decir que es absolutamente falso que que este plenario no pueda dar finalización al procedimiento sancionatorio contra el señor Fabricio Alvarado”.
El líder de la fracción de Liberación Nacional, Álvaro Ramírez, dijo que dio un mensaje de impunidad y “esto no puede seguir pasando en Costa Rica”. Afirmó que un informe del Departamento de la Asesoría Legal indicó que la votación sí se podía hacer, pero “se sacan un informe de la manga en el que se dice todo lo contrario a lo que dijo el Departamento de la Asesoría Legal de esta Asamblea Legislativa”.
Ramírez adelantó que apelarán la resolución “aquí lo que hay es, evidentemente, un tema de protección, la red de cuido. De seguir protegiendo acosadores, y esa es la señal que no queremos que se vuelva a repetir en esta Asamblea Legislativa y por eso para nosotros es tan importante esta apelación”.
La exdiputada Marulin Azofeifa interpuso una denuncia contra Fabricio Alvarado en enero de 2026, a raíz de la cual los diputados del periodo 2022-2026 intentaron en dos ocasiones votar para decidir si se sancionaba a Alvarado. Sin embargo, los diputados del Partido Nueva República y los del gobierno se ausentaron de la sesión y no se pudo continuar con este proceso.
Carolina Hidalgo y David Delgado, abogados de Azofeifa, emitieron un comunicado en el que afirman que con la resolución se “da la espalda a una víctima de acoso sexual” y que “la Asamblea Legislativa tenía la oportunidad histórica de enviar un mensaje claro contra el abuso, el acoso y las violencias sexuales. Sin embargo, decidió actuar desde la indiferencia y la omisión”.
No obstante, las sanciones que podría haber realizado la Asamblea eran meramente morales y la Fiscalía mantiene la investigación judicial en contra del exdiputado Alvarado por supuestas agresiones sexuales a al menos tres mujeres. El Juzgado Penal de Desamparados emitió una orden de restricción que impide a Alvarado acercarse a las víctimas y testigos del presunto delito.
