El alcalde de Garabito, Francisco González Madrigal, volvió a quedar bajo la lupa.
Una fuente municipal con conocimiento directo del caso confirmó a ¡Qué Torta! que la Auditoría Interna alista una nueva denuncia penal relacionada con un informe que sacude las finanzas de la Municipalidad y que fue conocido este lunes 10 de agosto por el Concejo Municipal.
El documento, en poder de este medio, concluye que la Municipalidad pagó ¢1.407.793.027,87 utilizando contratos administrativos que ya habían vencido, una práctica que la propia Auditoría califica como una grave deficiencia de control en el manejo de recursos públicos.
La investigación revisó 51 procedimientos de contratación y determinó que 49 contratos continuaron ejecutándose sin que existiera en Sicop, sitio oficial de compras públicas del Estado, una prórroga que respaldara legalmente su vigencia, pese a lo cual se siguieron emitiendo órdenes de compra y autorizando pagos millonarios.
La Auditoría también señala una “concentración incompatible de funciones” en la figura del alcalde, al indicar que aparecía como administrador de una cantidad relevante de contrataciones y, al mismo tiempo, intervenía en la autorización y materialización de pagos efectuados cuando esos contratos ya habían vencido, sin controles independientes que evitaran esos desembolsos.
Por esa razón, el órgano fiscalizador dispuso que el Concejo Municipal valore abrir un procedimiento administrativo para determinar las eventuales responsabilidades del jerarca municipal.
Según la fuente consultada por este medio, ese no sería el único frente que enfrentará el alcalde, pues la Auditoría prepara una nueva denuncia penal relacionada con estos hechos. Hasta el momento, esa gestión no ha sido oficializada públicamente.
Como era de esperarse, durante la sesión del Concejo Municipal en la que se conoció el informe, el alcalde rechazó los señalamientos y cuestionó el contenido del documento elaborado por la Auditoría Interna.
El informe sostiene que los pagos con contratos vencidos no fueron hechos aislados ni simples errores administrativos, sino una práctica que permitió el desembolso de más de ¢1.407 millones de fondos públicos sin respaldo contractual vigente, situación que ahora abre un nuevo capítulo en los problemas legales y políticos del gobierno local de Garabito.
