La presidente Laura Fernández convocó formalmente a una sesión de trabajo al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, y a la presidente de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez.
La invitación fue enviada este martes 11 de agosto del 2026, dos días después de que la mandataria anunció en cadena nacional la reactivación de las reuniones entre los presidentes de los supremos poderes. La carta fue compartida con los medios a las 9:50 p. m.
Fernández propuso realizar el encuentro el próximo viernes 21 de agosto, a las 10 a. m., en su despacho en Casa Presidencial, aunque dejó abierta la posibilidad de efectuarlo en otro lugar y hora que les resulte más conveniente a los jerarcas.
“Por medio de la presente, tal como lo indiqué en Cadena Nacional el pasado domingo, les extiendo formal invitación a una sesión de trabajo, con el propósito de definir metas, plazos y responsabilidades de cada Poder de la República para abordar los desafíos que enfrenta el país en materia de seguridad”, señala la carta.
La mandataria propuso que la reunión se transmita en vivo, a través de las redes sociales de Casa Presidencial y de cada una de las instituciones.
“Por la importancia del tema, y en virtud del gran interés que el pueblo de Costa Rica tiene por mejorar la seguridad y el acceso a la justicia, la reunión sería transmitida en vivo por las redes sociales de Casa Presidencial y, si ustedes lo tienen a bien, de sus instituciones”, indicó.
La presidente celebró las manifestaciones públicas que tanto Aguirre como Jiménez expresaron sobre la importancia de retomar el diálogo entre los presidentes de los supremos poderes.
Este lunes 10 de agosto, Aguirre respaldó la decisión de reanudar esos encuentros, pero advirtió que el diálogo debe partir del respeto a las competencias de cada poder.
“Se coordina sin que nadie mande sobre nadie. Cada institución llega como igual, con responsabilidades que son propias y no se ceden”, subrayó.
Aguirre dejó claro que el Poder Judicial mantendrá una posición clara sobre temas como el respeto a las obligaciones constitucionales relacionadas con el financiamiento de la justicia, la independencia de las decisiones que corresponden a los jueces y el fortalecimiento de la seguridad.
