Un proyecto de ley que avanza en la Asamblea Legislativa de Costa Rica propone sancionar las conductas catalogadas como “violencia vial”, con multas de hasta ₡280 mil, inmovilización de vehículos y la posibilidad de detener a personas en carretera.
En términos prácticos, la iniciativa pone el foco en conductas cada vez más visibles en carretera: discusiones, amenazas o enfrentamientos entre conductores en medio del tránsito. De aprobarse, quienes incurran en este tipo de comportamientos no solo se exponen a sanciones económicas elevadas, sino también a medidas como la inmovilización del vehículo o incluso la detención, lo que convierte estos episodios en situaciones con consecuencias legales inmediatas y costosas.
Bajo ese concepto, el texto plantea una multa de ₡280.000 para quienes participen en este tipo de incidentes, sin importar si son conductores o peatones. Además, establece que las autoridades podrán retirar placas e inmovilizar el vehículo si el conductor desobedece órdenes de tránsito tras verse involucrado en estos hechos.
El proyecto también contempla la posibilidad de detener a personas que participen en actos de “violencia vial” y que, además, se nieguen a acatar indicaciones policiales o dificulten la circulación.
El texto deja en manos del Poder Ejecutivo la reglamentación específica de qué se considerará “violencia vial”, otorgándole un plazo de seis meses para definir los alcances concretos de la norma.
Ese punto ha comenzado a generar cuestionamientos, ya que la definición incluida en la ley es amplia y podría abarcar desde peleas entre conductores hasta discusiones o acciones que terminen afectando el flujo vehicular.
En la práctica, esto abre un margen importante de interpretación para las autoridades, especialmente en contextos donde haya conflictos en carretera o incluso manifestaciones que interfieran con el tránsito.
El expediente 24.639 se encuentra en trámite legislativo y aún deberá avanzar en su discusión antes de convertirse en ley.
