Las bancadas del PLN, Frente Amplio, PUSC y CAC —agrupadas bajo el llamado Bloque Democrático— presentaron una acción de inconstitucionalidad contra el Decreto Ejecutivo N.° 45870-MSP, firmado por la presidenta Laura Fernández, que declara como secreto de Estado la información relacionada con el Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) y la llamada “Fuerza Élite”.
Según el comunicado del Bloque, el decreto impone un “cerco de opacidad” sobre esas instancias, al ocultar bajo el concepto de seguridad nacional información sobre presupuestos, compras públicas y contrataciones. Para los diputados, esto deja a la ciudadanía en indefensión frente a decisiones unilaterales del Gobierno y abre la puerta tanto a negocios poco transparentes con el Estado como a un eventual uso discrecional del aparato de seguridad con fines de persecución política.
Lo que dijeron en video
En un video conjunto, legisladores de las bancadas involucradas —entre ellos representantes de Liberación Nacional, además de Claudia Dobles y José María Villalta— explicaron los motivos detrás de la acción judicial. Uno de los mensajes centrales fue que “la seguridad nacional no se defiende ocultando facturas ni irrespetando el Estado de derecho”, sino con transparencia y rendición de cuentas dentro del marco constitucional.
Insistieron en que el Estado tiene la obligación de garantizar seguridad, pero sin que eso sirva de excusa para blindar contrataciones, adjudicaciones o el uso de tecnología bajo la etiqueta genérica de “seguridad”. Según explicaron, un decreto de este tipo, para ser legítimo, tendría que limitarse a aspectos muy puntuales y excepcionales, ser razonable, y sobre todo estar respaldado por una ley —no simplemente por un decreto del Poder Ejecutivo.
Los dos artículos constitucionales en juego
La acción presentada ante la Sala Constitucional se apoya en dos pilares de la Carta Magna. Por un lado, el artículo 27, que garantiza el derecho de petición y a obtener pronta resolución por parte de cualquier funcionario o entidad pública. Por otro, el artículo 30, que asegura el libre acceso a los departamentos administrativos con fines de información sobre asuntos de interés público, dejando el secreto de Estado como la única excepción.
Precisamente sobre ese punto, el documento judicial señala que una declaratoria “general e indiscriminada” de secreto, como la que contempla el decreto, desborda el carácter excepcional que la Constitución le atribuye al secreto de Estado y lo convierte, en la práctica, en una regla general de opacidad.
¿Qué piden?
Además de solicitar que se declare inconstitucional el decreto, el Bloque Democrático pidió a la Sala Constitucional que suspenda de inmediato sus efectos mientras se resuelve el fondo del asunto, dado lo que consideran una amenaza grave tanto para la democracia como para el control de las finanzas públicas del país.
