La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) enfrenta una acumulación de trámites que supera su capacidad de respuesta, según determinó una investigación de oficio de la Defensoría de los Habitantes.
Este miércoles 19 de agosto del 2026, el órgano defensor calificó la situación como una “crisis estructural” que provoca atrasos significativos en la resolución de trámites migratorios.
Uno de los datos más preocupantes está en la Unidad de Valoración Técnica, donde cerca de 25 funcionarios tienen una carga aproximada de 1.500 casos pendientes cada uno.
La Defensoría también encontró que la plataforma “Trámite Ya”, que recibe entre 400 y 500 solicitudes mensuales, presenta un retraso de un año en la atención y resolución de trámites.
Además, la Plataforma de Servicios recibe aproximadamente 650 solicitudes nuevas y 1.300 consultas cada mes.
Entre enero y mayo de 2026, la Unidad de Archivo registró 11.507 expedientes para notificación, 9.026 solicitudes de previos y 102.434 trámites administrativos ingresados para resolver.
La investigación también señala que existen 7.000 documentos de identidad migratoria para extranjeros (DIMEX) pendientes de impresión y que una sola persona se encarga de su impresión, distribución, entrega y gestión de envíos a las oficinas regionales.
Migración responde
Migración, sin embargo, rechazó que exista una crisis estructural y aseguró que los datos divulgados por la Defensoría están desactualizados.
La institución afirma que diferentes estrategias y convenios le han permitido reducir en casi un 80% el pendiente de solicitudes de permanencia legal.
Entre 2025 y 2026, un convenio con el Colegio de Abogados permitió resolver más de 3.000 expedientes, mientras que acuerdos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) permitieron reforzar el recurso humano y, según Migración, ponerse al día con las notificaciones y con la validación y entrega de DIMEX.
Además, más de 13.000 expedientes fueron resueltos mediante jornadas de tiempo extraordinario y la institución realiza “maratones” para reducir los pendientes.
Impacto
Para la Defensoría, los atrasos pueden limitar el acceso de las personas migrantes a derechos y servicios relacionados con aseguramiento, salud, educación y trabajo, así como a trámites bancarios y municipales.
La investigación atribuye la situación a falta de recurso humano, limitaciones presupuestarias, deficiencias en los sistemas de información y un aumento sostenido de las solicitudes de regularización migratoria.
Ante ese panorama, la Defensoría emitió 10 recomendaciones para atender los atrasos y encontrar soluciones estructurales.
