El presidente de la República, Rodrigo Chaves, anunció que el Gobierno presentará un proyecto de ley para regular las plataformas digitales de transporte como Uber y Didi.
Chaves afirmó que mantienen un diálogo constante con representantes de las plataformas y de los taxistas.
Agregó: “Ya estamos lo suficientemente cerca de llevar un proyecto consensuado para que los diputados hagan lo que a ellos les corresponde”.
Natalia Díaz, ministra de la Presidencia, confirmó que el proyecto se encuentra en revisión y la meta es presentarlo en enero en el cierre de las sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa.
Chaves declaró que “la cancha no está pareja entre las plataformas y el servicio tradicional que por años tuvimos de concesión de transporte público para los taxistas rojos”.
Recalcó que como nunca se reguló el servicio de las plataformas “hay diferencias de costos, hay diferencias de regulación, diferencias de requisitos y entonces ese vacío y falta de competencia equilibrada no le sirve a nadie y eso es lo que estamos logrando”.
El ministro de Transportes, Luis Amador, expresó que la intención del proyecto es “que ambos puedan coexistir, que ambos puedan operar y que no estén en condiciones desfavorables”.
Amador también se refirió al seguro social de los trabajadores de plataformas digitales y dijo que “la idea es que estén registrados como trabajadores independientes”.
El mandatario dijo que los trabajadores de plataformas de transporte estarán “igual que los taxistas rojos: la gran mayoría son trabajadores independientes que deben estar asegurados. Ahora ellos dan el mismo servicio, son trabajadores independientes, por lo tanto van a tener que asegurarse con muchas mejores condiciones que hemos logrado en esta administración”.
La plataforma Uber fue la primera de este tipo en operar en Costa Rica, en el 2015, e inmediatamente entró en conflicto con el servicio de taxi tradicional.
Según los taxistas, como no está regulada por ley y sus conductores carecen de seguro opera ilegalmente, además de que el precio de los viajes y forma de pago constituyen una forma de competencia desleal.
Pese a los incidentes, debates e intentos de regulación de las anteriores administraciones, nada se concretó al respecto.
