Ante la crisis de inseguridad que vive el país, los tres Poderes de la República tienen el norte claro.
Los esfuerzos se dirigen a frentear el narcotráfico como dé lugar y ya hubo un primer paso este martes 21 de marzo del 2023.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, recibió en el Congreso al presidente del Poder Judicial, Orlando Aguirre; a la presidenta de la Sala Tercera, Patricia Solano; al director del OIJ, Randall Zúñiga; al fiscal general, Carlo Díaz; a Hans Sequeira, director de Inteligencia y Seguridad, así autoridades del gobierno como el ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, y el de Seguridad, Jorge Torres.
La cita se dio en el marco de un diálogo por la seguridad nacional que Arias planteó la segunda semana de marzo del 2023. Cada planteó estrategias para combatir la delincuencia antes de entregar sus propuestas.
Arias afirmó que el control de la delincuencia organizada y el narcotráfico “será una prioridad total. Yo creo que es la prioridad del país, cómo garantizar que los costarricenses puedan vivir con mayor tranquilidad y mayor paz en sus hogares”. Esto motivó al político a impulsar el encuentro.
El presidente de la Asamblea explicó que habrá más reuniones, por un lado con los jefes de fracción, el fiscal general y el presidente de la Corte para repasar proyectos de ley. Otras reuniones se darán con el presidente de la República, Rodrigo Chaves, y el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, en abril, después de Semana Santa, para decidir medidas inmediatas contra el problema y el presupuesto que necesitarán.
En su intervención, la diputada Gloria Navas, quien lidera la Comisión Especial de Seguridad y Narcotráfico, dijo: “Tocamos las leyes que vamos a trabajar arduamente para lograr pasarlas lo más pronto posible en la Asamblea Legislativa”. Ella se refirió en específico a la ley para integrar el tribunal del crimen organizado y la reforma a la Ley contra la Delincuencia Organizada.
La diputada declaró que con la reforma a esta ley, la 8754, se busca ser más eficiente a la hora de “quitar los bienes muebles, inmuebles, dineros al crimen organizado e invertirlos más bien en la lucha contra ese crimen organizado”.
