Le metieron mano a la platita y ahí sí lloran. El Poder Judicial sacó un comunicado este 7 de setiembre de 2026 alegando que Hacienda les dejó ¢29.843,8 millones de su presupuesto 2027 “bloqueados” con un montón de trámites, y de una vez salieron todos en fila, cada uno con su propio pedacito de drama, a pintar el peor de los escenarios.
El fiscal Carlo Díaz fue el más dramático: dijo que no van a poder ni pagar las licencias de Microsoft, que se quedan sin correo para notificar a la gente, y que se les caen de un jalón 25 plazas en la fiscalía de narcotráfico y 33 en la de violencia de género. Advirtió que van a tener que dejar tirados los casos de estafas informáticas y contrabando para atender solo homicidios, y hasta sugirió que “muchas personas queden en libertad” por falta de personal. Todo esto, dijo, “es un caos el que se nos avecina”.
El director interino del OIJ, Michael Soto, sacó a relucir lo de siempre: que sin plata no hay chalecos antibalas, ni munición, ni repuestos, y que hasta las autopsias y las pruebas de ADN podrían atrasarse. El de la Defensa Pública, Juan Carlos Pérez, dijo que a ellos el golpe les cuesta ¢802 millones y que tocaría cerrar oficinas en lugares como Cóbano y Talamanca, dejando sin abogado gratis a la gente más necesitada. Y la directora ejecutiva, Ana Romero, calcula que en el mejor de los escenarios se tardarían unos seis meses en tener esa plata disponible, porque la decisión final de soltarla queda en manos del Plenario legislativo.
Eso sí, hay que ver el detalle completo: el mismo comunicado reconoce que la plata SÍ está asignada, ¢530.973,2 millones en total, y que lo único que pide Hacienda antes de soltar ese pedazo son auditorías externas, certificaciones de la Contraloría y el visto bueno del Congreso. O sea, ni más ni menos que rendir cuentas, justo lo que este Gobierno lleva meses reclamándole al Poder Judicial mientras se destapan jueces metidos en líos con narcos, oficinas judiciales usadas como motel y quién sabe cuántas cosas más. Ahora que les piden papeles antes de darles la plata, resulta que eso es “un caos”.
De paso, el comunicado aprovechó para aclarar dos bolas que andaban circulando por ahí: que el fideicomiso de infraestructura judicial es de $82 millones, no de $700 ni $660 millones como se decía, y que los depósitos judiciales (embargos, pensiones alimentarias) son plata de la gente, no recursos propios del Poder Judicial.
