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El PLN sintoniza el 7: así frenó en la Sala IV el nuevo canon de frecuencias

Trece diputados de PLN, PUSC y la Coalición Agenda Ciudadana metieron el miércoles 9 de setiembre de 2026 una consulta de constitucionalidad contra el proyecto que actualiza el canon de radio y televisión.

Con esto, frenan por segunda vez la votación en segundo debate del expediente 24.461, que ya tenía fecha para este jueves.

El proyecto, impulsado por el Gobierno, cobra hasta 7,73% de los ingresos brutos a las televisoras y 3,13% a las radioemisoras que usan el espectro, un recurso que es del Estado.

No es casualidad la fecha. Apenas unos días antes, el periodista Rodolfo González había advertido en un editorial que el canon “pone en peligro la subsistencia de la televisión abierta”.

Léalo aquí:

Lo curioso es que el propio canal donde trabaja González, junto con Repretel, fue el que desde 2020 le empezó a cobrar a la gente por ver la mayoría de los partidos de la Selección y del fútbol nacional, contenido que antes se veía gratis por señal abierta.

La ministra de Ciencia y Telecomunicaciones, Paula Bogantes, ya le había salido al paso a ese argumento la semana pasada, y no se guardó nada: “la misma empresa, Teletica Canal 7, empezó a cobrar por el fútbol”, recordó, cuestionando la contradicción de alegar defensa de la señal abierta gratuita mientras le meten paga a su contenido más visto.

Bogantes también aclaró que el cobro máximo de 7,73% solo aplicaría a un puñado de empresas grandes: “menos del 20% de la industria televisiva”. Las primeras ¢60 millones de ingresos de cualquier operador quedarían exentas del pago.

Desde el PLN se defienden diciendo que sí quieren la actualización del canon, y que por eso votaron a favor en primer debate. “Los cánones tienen que ser razonables. Las empresas los tienen que poder pagar y las reglas tienen que ser claras para que no haya ningún tipo de ataque a estas empresas por parte del poder político”, justificó la bancada verdiblanca al explicar por qué llevaron el proyecto a la Sala IV.

Ahora la última palabra la tendrá la Sala Constitucional, mientras la votación del proyecto sigue congelada.

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