- Proyecto establece que la afiliación sea voluntaria; Colegio de Abogados ya pegó el brinco, pero el suelo está parejo.
Un proyecto de ley presentado en la Asamblea Legislativa por Marta Esquivel Rodríguez, del partido Pueblo Soberano, pretende cambiar las reglas bajo las que funcionan los colegios profesionales en Costa Rica: la afiliación obligatoria dejaría de ser la regla para ejercer una profesión.
El expediente 25.747 establece que la incorporación a los colegios sea voluntaria, tanto en el sector público como privado, pero mantiene excepciones cuando el ejercicio profesional pueda comprometer directamente la vida, salud, integridad física, seguridad, fe pública, defensa judicial o derechos de terceros.
Ahí entran actividades sensibles de Derecho, Medicina e Ingeniería.
Para muchos de los demás colegios el cambio sería profundo: si ya no pueden depender de una afiliación obligatoria tendrán que reinventarse para convencer a los profesionales de que vale la pena pertenecer a ellos.
Abogados pegan el brinco
El Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica manifestó su “profunda preocupación y oposición” al proyecto y asegura que los colegios cumplen funciones esenciales para garantizar la idoneidad, ética y responsabilidad profesional.
También advierte que debilitar esos controles podría trasladar riesgos directamente a los ciudadanos.
Sin embargo, cuando se le pega una leidita al proyecto, el suelo aparece bastante más parejo de lo que semejante reacción podría hacer pensar.
En Derecho, la colegiatura continuaría siendo obligatoria para quienes ejerzan representación, patrocinio, defensa técnica o asesoría jurídica en sede jurisdiccional o mecanismos alternos de resolución de conflictos, así como la función notarial.
Precisamente, el Colegio fundamenta parte de su oposición en la importancia de la abogacía para el acceso a la justicia, derecho de defensa, debido proceso y protección de derechos fundamentales.
Eso no significa que la reforma no los afecte. Sí reduciría el alcance de la obligatoriedad y también modificaría aspectos económicos del actual modelo.
Salud e Ingeniería también tienen candado
La propuesta exceptúa de la voluntariedad a Medicina y Cirugía, Farmacia, Microbiología, Odontología, Enfermería y especialidades médicas cuyo ejercicio implique atención clínica directa.
En Ingeniería incluye determinadas actividades de ramas como civil, estructural, eléctrica, mecánica, electromecánica, topográfica, construcción y telecomunicaciones cuando una falla pueda comprometer la vida, salud, integridad física, ambiente o seguridad pública.
Para los demás cambia el baile
Los colegios que queden fuera de esas excepciones enfrentarían un escenario completamente diferente.
El profesional ya no tendría necesariamente que afiliarse para ejercer. Por eso, capacitación, certificaciones, representación gremial, actualización y otros servicios tendrían que convertirse en razones suficientes para querer estar colegiado y no simplemente para tener permiso de trabajar.
El proyecto, de hecho, mantiene esas posibilidades para los colegios profesionales.
Y hay otro cambio importante: prohíbe exigir cuotas, contribuciones, timbres u otras cargas económicas como requisito para el ejercicio profesional.
La afectación financiera es suficientemente relevante como para que el propio proyecto obligue a los colegios a presentar un plan de transición financiera sobre las obligaciones y programas actualmente financiados mediante contribuciones que serían eliminadas.
El Colegio de Abogados anunció que ejercerá las acciones necesarias para procurar que el proyecto “no sea aprobado” y ya convocó a los demás colegios profesionales para hacer frente común.
