Sin temor a una investigación y dispuestos a rendir cuentas, los rectores de las universidades públicas aseguran tener las puertas abiertas para que se fiscalice el uso de los recursos que reciben del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
El Consejo Nacional de Rectores (CONARE) respondió así a la moción presentada por los oficialistas Kattya Mora Montoya, Gonzalo Ramírez Zamora y Stephan Brunner para que la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público abra una investigación de hasta dos años sobre la administración y el uso de los recursos públicos en las universidades estatales.
El Consejo informó mediante un comunicado de prensa que colaborará con las autoridades competentes, entregará la información requerida y participará en un diálogo “respetuoso, técnico y basado en evidencia”. Además, recordó que la autonomía universitaria está respaldada por los artículos 84 y 85 de la Constitución Política.
CONARE recalcó, además, que las universidades estatales ya están sujetas a mecanismos de control y fiscalización.
“El Consejo Nacional de Rectores considera que el análisis sobre la administración de los recursos públicos debe reconocer los mecanismos de control, fiscalización y rendición de cuentas que el ordenamiento jurídico costarricense ya establece para las universidades públicas y sustentarse en información objetiva, verificable y técnicamente fundamentada”, menciona el comunicado.
Bajo la lupa
La propuesta de la fracción oficialista surge en medio de la negociación del FEES para el 2027 y luego de la polémica generada por, según indica la bancada, gastos en alimentación, restaurantes, actividades protocolarias y representación realizados por autoridades universitarias, principalmente en la Universidad de Costa Rica (UCR).
La moción recuerda que el propio rector de la UCR, Carlos Araya, anunció que ese tipo de gastos dejarán de realizarse en el futuro, aunque aseguró que estaban permitidos por la normativa institucional vigente.
De ser aprobada, la investigación analizaría cómo se administran los recursos provenientes del FEES y otras fuentes de financiamiento público, así como los mecanismos de control interno utilizados por las universidades para autorizar y fiscalizar esos gastos.
También revisaría erogaciones por representación, alimentación, viáticos, viajes oficiales, cooperación internacional, capacitaciones y otras partidas relacionadas con la gestión superior universitaria.
La moción sostiene que el objetivo es fortalecer la transparencia, la eficiencia, la rendición de cuentas y la confianza ciudadana en el manejo de los recursos públicos, sin que ello implique intervenir en la autonomía universitaria ni prejuzgar la legalidad de actuaciones específicas.
Los diputados plantean convocar a audiencia a los rectores de la UCR, Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), Universidad Nacional (UNA), Universidad Estatal a Distancia (UNED) y Universidad Técnica Nacional (UTN), así como a la presidencia del CONARE, los auditores internos de cada universidad, sus directores financieros y la contralora general de la República.
