El ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos Valverde, le puso un ultimátum a la Fiscalía General: un mes de plazo para que retire cerca de 440 embarcaciones y otros bienes bajo custodia judicial que llevan décadas acumulados en delegaciones de la Fuerza Pública y estaciones del Servicio Nacional de Guardacostas en todo el país.
Campos hizo el anuncio desde Golfito, en el sitio que él mismo describió como el “cementerio de lanchas” del Guardacostas: un predio con más de 130 embarcaciones, algunas con más de 15 años de estar ahí paradas. Según explicó, ya se le envió una nota formal al fiscal general para que el Poder Judicial se lleve tanto las lanchas como los motores y demás indicios que permanecen bajo su custodia, no solo en esa zona, sino en el resto del país.
Bodegas insalubres en vez de delegaciones
Según el comunicado oficial de Seguridad Pública, el problema va más allá de la simple falta de espacio. Muchos de estos bienes han perdido todo su valor y solo generan perjuicios operativos, sanitarios y administrativos: ocupan áreas esenciales para el trabajo policial y la atención al público, requieren personal exclusivo para su custodia, y en varios casos se han convertido en fuentes de contaminación conforme se deterioran con el paso de los años. Algunos incluso estorban en las calles aledañas a las delegaciones.
La cartera insistió en que las dependencias policiales nunca fueron concebidas ni acondicionadas como depósitos judiciales, por lo que la custodia prolongada de estos bienes excede su competencia. Al tratarse de bienes ligados a expedientes judiciales, el resguardo, mantenimiento y disposición final les corresponde a las autoridades judiciales, no al Ministerio de Seguridad.
“Que cada poder cumpla su función”
Campos fue enfático en que la labor principal de las unidades policiales es garantizar la seguridad ciudadana, y que el espacio ocupado por estos bienes le impide al Ministerio ampliar sus instalaciones para fortalecer ese servicio. En sus palabras, se trata de que “cada poder de la República cumpla su función, sea eficaz, sea eficiente” en la lucha contra la criminalidad organizada, y que la Fiscalía resuelva estos casos “en el tiempo de ellos” sin seguir obstaculizando el trabajo policial.
