Estados Unidos ya se cansó de mirar para otro lado con Nicaragua.
El Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes le puso fecha límite al secretario de Estado, Marco Rubio: 90 días para entregar un plan de transición democrática en ese país.
La orden quedó plasmada en el informe del proyecto de ley de asignaciones para Seguridad Nacional y el Departamento de Estado del año fiscal 2027.
El texto es directo: Rubio deberá presentar a los comités de Apropiaciones un informe con los esfuerzos para restablecer las libertades fundamentales, las instituciones independientes, los derechos humanos y la libertad religiosa en Nicaragua.
También tendrá que detallar cómo se lograrían elecciones «creíbles, inclusivas, libres y justas», algo que hoy no existe bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Y hay otro punto que pega fuerte: el plan debe incluir medidas para reducir la dependencia de Nicaragua respecto a China e Irán.
Detrás de la orden está el congresista republicano Mario Díaz-Balart, cercano a Rubio, quien preside ese comité.
Díaz-Balart no se guardó nada al referirse a la más reciente reforma constitucional del régimen: «la dictadura socialista de Ortega-Murillo está haciendo lo que mejor saben hacer los socialistas: torcer, reescribir y manipular el sistema para mantenerse en el poder».
Ojo con un detalle importante: el mandato no fija todavía una fecha para la salida de Ortega. Lo que exige es que, en 90 días, Washington tenga sobre la mesa una estrategia clara para llegar a ese objetivo.
Pero la señal es clara: la paciencia con la dinastía Ortega-Murillo se está agotando, y el reloj ya empezó a correr
