Un funcionario de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se convirtió en el ángel de la guarda de un adolescente que sufría explotación sexual.
El trabajador de un centro de salud atendió al muchachito y alertó sobre la situación, lo que dio origen a una investigación que terminó con la detención de un hombre.
El funcionario recogió el testimonio del menor y brindó información que, junto con las investigaciones, ayudó a determinar que el adolescente era víctima de trata de personas bajo la modalidad de servidumbre sexual.
Este martes 3 de noviembre del 2026, la Policía Profesional de Migración, a través de la Gestión de Investigaciones, Análisis e Inteligencia y bajo la dirección funcional de la Fiscalía Adjunta contra la Trata y Tráfico de Personas, realizó dos allanamientos simultáneos en Alajuela, uno en una casa y otro en un taller.
Durante los operativos detuvieron al hombre de apellidos Chavarría Miranda, de 44 años, quien trabaja en reparación de electrodomésticos y figura como sospechoso del delito de trata de personas con fines de servidumbre sexual contra una persona menor de edad.
Según la investigación, Chavarría Miranda se aprovechó de la condición de abandono del adolescente, quien deambulaba por las calles de Alajuela, para acercarse a él, ofrecerle refugio y comida y convencerlo de quedarse en su casa, donde logró manipularlo y someterlo.
Con el tiempo, aquella promesa de protección se convirtió en una pesadilla.
Según las autoridades, el sospechoso inducía al adolescente a ver material pornográfico y le insinuaba que realizara actos sexuales con él o con otras personas que contrataba para grabar material pornográfico casero.
Además, le ordenaba permanecer oculto en la casa y condicionaba la “protección” y la cobertura de sus necesidades básicas a que aceptara sus propuestas.
Cuando el adolescente accedía a realizar esos actos, el sospechoso le daba ₡5.000 para que cubriera algunas de esas necesidades.
Chavarría Miranda será presentado ante el Ministerio Público del I Circuito Judicial de Alajuela para que determine su situación jurídica.
Antes de los allanamientos, el adolescente ya se encontraba bajo protección del Estado.
