Si a la UCR le tocan el bolsillo, pega el grito al cielo como lo hizo este jueves, cuando la universidad más grande del país se plantó contra el acuerdo del CONARE que busca redistribuir el FEES rumbo al 2027.
La jugada de la UCR no es menor: presentó una objeción formal y acusó al resto de universidades de “interpretar mal la equidad”. En palabras simples, dicen que no es lo mismo repartir la plata entre instituciones pequeñas que entre una gigante con miles de estudiantes, decenas de programas de investigación y una infraestructura que cuesta mantener.
El reclamo viene con amenaza incluida: según la UCR, una redistribución “meramente aritmética” sería ilegal y pondría en aprietos a funcionarios con responsabilidades civiles, administrativas o hasta penales.
Pero ojo: mientras la UCR defiende su tajada, el gobierno de Rodrigo Chaves lleva rato señalando que las universidades estatales se han convertido en un agujero negro de recursos públicos. Hablan de gastos superfluos, nóminas infladas y salarios que no cuadran con la realidad del país. Y para colmo, la propia UCR admite que en 2026 no cumplió con el 4% del FEES destinado a equipo tecnológico: se quedó corta por ₡1.660 millones.
El CONARE aprobó los principios de redistribución con diez votos a favor y dos en contra, pero la UCR ya anunció que vetará el acuerdo y exigirá una nueva discusión. Piden un enfoque “técnico y consensual”, aunque sus críticos responden que lo técnico también debería incluir auditorías, métricas de eficiencia y rendición de cuentas.
La bronca por el FEES 2027 deja claro lo de siempre: la UCR defiende autonomía y equidad, mientras sus detractores ven un modelo que desangra al Estado y que ya no aguanta sin reformas de fondo. La pregunta es inevitable: ¿es defensa legítima de la educación superior o simple resistencia a que alguien revise cómo se gasta la plata de todos?
