El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) le recetó otro tapabocas al gobierno de Rodrigo Chaves.
Apenas días después de imponer una veda que silenció la comunicación institucional, ahora le ordena borrar de todos los perfiles oficiales la publicación “¡Cayó la mordaza!”, difundida por ministerios y dependencias del Ejecutivo en redes sociales.
La publicación —una imagen del presidente con su rostro silueteado sobre fondo multicolor y una franja negra con la frase “Cayó la mordaza”— encendió las alertas en la Defensoría de los Habitantes, cuyo equipo jurídico, encabezado por la defensora, la liberacionista Angie Cruickshank Lambert, presentó un amparo electoral contra el mandatario y el ministro de Seguridad, Mario Zamora Cordero.
Según la defensora, el gobierno utilizó recursos públicos para difundir un mensaje cargado de simbolismo político en plena campaña electoral.
En su escrito, Cruickshank acusó al Ejecutivo de violar “el derecho de acceso a información pública veraz, completa, objetiva y neutral”, además de poner en riesgo “el orden público, la seguridad nacional y la institucionalidad democrática”.
El TSE no tardó en reaccionar: dio curso al amparo, este jueves 9 de octubre del 2025, y otorgó tres días al presidente y al ministro Zamora para que respondan bajo juramento, advirtiendo que si no lo hacen, los hechos se tendrán por ciertos.
Como medida cautelar, el Tribunal ordenó al ministro de la Presidencia a. i. y al de Comunicación garantizar la eliminación de la publicación en todas las cuentas institucionales.
Este es, en palabras simples, el segundo bozal del TSE al gobierno: el primero fue el de la veda electoral que prohíbe a las instituciones divulgar cualquier contenido que los magistrados interpreten como enaltecedor de figuras políticas, incluso si se trata de logros de gestión o inauguraciones.
Mientras tanto, los comunicadores institucionales siguen caminando sobre un campo minado: una publicación mal leída podría costarles el puesto o incluso una sanción de hasta cinco años sin poder trabajar en el sector público.
¡Qué Torta! supo, de primera mano, que el ambiente en algunas oficinas institucionales es “de censura preventiva”, pues nadie sabe exactamente qué podría interpretar el TSE como proselitismo.
La historia apenas comienza. Y en este nuevo episodio, el árbitro electoral le volvió a poner freno al discurso presidencial, confirmando que, en tiempos de campaña, la libertad de expresión del Gobierno tiene su propio límite.
