Las pensiones de 2.457 educadores sufren un daño severo con la sinvergüenzada de quienes administran 193 centros privados en el país.
De acuerdo con una denuncia de la Junta de Pensiones y Jubilaciones (Jupema), esas empresas le deben ¢4.786 millones a la seguridad social.
“Es alarmante la afectación para estos trabajadores de la educación, quienes ven comprometido su derecho a la pensión, ya que hasta que el patrono no esté al día no pueden iniciar el proceso para su jubilación”, afirmó el presidente de Jupema, Jorge Rodríguez.
El monto se distribuye de la siguiente forma: ¢3.957 millones en escuelas o colegios que operan con normalidad y ¢829 millones que están cerrados.
Hay diez de esos centros que juntos suman el 59% del total de la deuda, quiere decir una cifra de ¢2.830 millones.
De los morosos, ¢2.937 millones están en cobro judicial; ¢1.869 millones corresponden a los diez “amarraperros” más grandes, que también tienen en cobro administrativo ¢802 millones en mora mayor a 90 días y ¢158 millones en mora entre uno y 90 días.
Las autoridades aconsejaron a los educadores que revisen mensualmente sus colillas de pago y comprueben que sus cuotas obrero-patronales estén al día.
También invitaron a afectados que denuncien cualquier irregularidad a la línea 2284-6439.