El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) le respira en la nuca al director del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, Héctor Chaves León.
A Chaves le siguen la pista desde el 2021 por el supuesto delito de peculado por, al parecer, autorizar un viaje privado en avioneta con fondos públicos para una funcionaria de esa institución, en octubre del 2020, por un monto de $865, unos ¢545.000.
También, se le investiga por los aparentes casos de uso de carros institucionales, tráfico de influencias y nombramientos irregulares.
Por eso, la mañana de este miércoles 26 de octubre del 2022, los agentes de la sección de Anticorrupción del OIJ y de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) cayeron en cinco sedes de Bomberos para decomisar evidencia importante del caso.
El OIJ escarbó en las oficinas centrales de esa institución, ubicadas a un costado del mercado de La Coca Cola, en San José; en el Centro de Operaciones F5, en Santo Domingo de Heredia y la estación Metropolitana Norte, en barrio Amón.
Además, allanó una casa en Montes de Oca, una oficina de contaduría pública y el hangar de la empresa Volar Helicopter S. A., en el aeropuerto Tobías Bolaños, en Pavas.
“Las acciones operativas tienen como objetivo ubicar evidencia relevante para la causa, que se tramita bajo el expediente 21-000011-1218-PE, en el cual figura como denunciado un hombre de apellidos Chaves León, director de la mencionada institución”, informó la Fapta.
El OIJ indicó que no se realizaron detenciones.
La presidente ejecutiva del Instituto Nacional de Seguros (INS) y del Consejo Directivo de Bomberos, Mónica Araya, comentó: “Continuaremos impulsando el proceso de investigación que desarrolla la Fiscalía para que las pesquisas avances de la mejor forma”.
“En todo momento la prioridad ha sido la transparencia y la colaboración con los órganos de control y de investigación”, agregó.
Esta no es la primera vez que Chaves está en la mira de las autoridades.
En junio de este 2022 se le suspendió cinco días sin goce de salario por, al parecer, autorizar un pago por ¢10 millones de caja chica para unas esculturas que adornan las afueras de las estaciones Metropolitana Norte y Metropolitana Sur.
