Las fracciones del Frente Amplio (FA) y Liberación Nacional (PLN) impulsan una moción de censura contra el ministro de Hacienda, Nogui Acosta.
Este es un voto que expresa la pérdida de confianza del Congreso en un funcionario, pero no tiene consecuencias legales, ni obliga al presidente a despedirlo, sino que representa un mensaje político contra un ministerio clave del Gobierno. Es decir, es puro adorno y rabieta de la oposición.
La Constitución Política estipula que la moción de censura se aplica a ministros o funcionarios “cuando a juicio de la Asamblea fueren culpables de actos inconstitucionales o ilegales o de errores graves que hayan causado o puedan causar perjuicio evidente a los intereses públicos”.
Para aprobarla se necesitan los votos de al menos 38 diputados.
El motivo que da la oposición para convocar este procedimiento surgió a raíz de la convocatoria a la que acudió Acosta para declarar sobre el supuesto “megacaso” de evasión fiscal por ¢11.000 millones, en el que se involucra al banquero dueño del medio CRHoy, Leonel Baruch.
El ministro habría dicho que la denuncia se originó a partir de un video de TikTok y no de una denuncia anónima.
El texto de la moción dice: “Además de querer justificar con argumentos deleznables desde el punto de vista técnico, y hasta ridículos, sus acciones y las de las autoridades que él designó, el ministro engañó a este Plenario al afirmar la existencia de un supuesto informe técnico que respaldaba la denuncia de la supuesta evasión fiscal, lo cual era patentemente falso y el documento que sí existía recomendaba precisamente lo contrario a lo que hizo”.
Estos diputados acusan a Acosta de convertir a la administración tributaria “en un instrumento para atacar ciudadanos que tienen posiciones críticas del gobierno”, en referencia a Baruch y el constante enfrentamiento de CRHoy con la administración del mandatario, Rodrigo Chaves.
La moción de censura fue formulada por el FA y PLN, que juntos suman 25 diputados. A ellos se sumaron el Partido Liberal Progresista (PLP) y los diputados de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Vanessa Castro y Carlos Felipe García, con los que el voto de censura tendría 33 de los 38 legisladores que necesita.
