El presidente Rodrigo Chaves acusó a la Contraloría General de la República (CGR) de volver a “atravesar el caballo” al desarrollo de la provincia de Limón al haber pausado la construcción de la Marina y Terminal de Cruceros de Limón. De acuerdo con el Gobierno este proyecto generará alrededor de 23.000 empleos directos e indirectos.
Chaves dijo que la CGR recibió una denuncia anónima y no ha aclarado qué es lo que se denuncia del proyecto, pero sí envió un recordatorio de que el Gobierno debe cumplir la ley. Aparentemente la CGR es del criterio que la construcción de la terminal y la marina debe hacerse por contratación pública y licitación de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).
El Presidente contrarrestó con el argumento que la Ley 9764 permite a Japdeva realizar alianzas estratégicas y en este caso se ha cumplido con todos los requisitos solicitados. “Aquí el truco es que vengan empresas internacionales, con plata de ellos, sin deuda pública”, expresó el mandatario.
El Gobierno no está dispuesto a enredarse en otro pleito legal con la CGR y esta vez prepara un proyecto de ley que aclare los alcances de la Ley 9764, el cual presentará y convocará el 1 de mayo según palabras de Chaves. “Limón demanda que le cambien la ley de manera que no haya espacio para interpretaciones absurdas”, explicó el Presidente.
En su visita a Limón estuvo acompañado de las diputadas oficialistas Pilar Cisneros y Ada Acuña, así como también por María Marta Carballo y Rosalía Brown de la Unidad Social Cristiana (PUSC) y Nueva República, respectivamente. También se refirió a los liberacionistas Geison Valverde y Katherine Moreira como diputados que “se olvidaron de su provincia”.
El proyecto consiste en convertir la terminal Hernán Garrón Salazar en una marina turística y terminal de cruceros que se planea empezar en 2024 para que esté listo en 2026. De acuerdo con el Gobierno, 11 empresas internacionales expresaron su interés en invertir hasta $854 millones en el terreno de 27 hectáreas propiedad de Japdeva.
Se pretende construir un muelle, los edificios administrativos de la marina, un mercado de artesanías, hoteles, villas de alquiler, comercios, oficinas y restaurantes. Chaves insistió en que no es un proyecto de obra pública porque el dinero proviene de la inversión extranjera mientras que Japdeva pondrá el terreno y será accionista de la marina.
