El presidente de la República, Rodrigo Chaves, dijo que antes de 1995 la ley imponía topes a las pensiones de los diputados, pero durante el gobierno de José María Figueres el Ministerio de Trabajo, entonces a cargo de Farid Ayales, revaloró las pensiones en contra del criterio de la Procuradoría General de la República.
Chaves considera un horror el criterio legal del entonces ministro de Trabajo que condujo al Estado a pagar montos excesivos en pensiones sin cotización de 78 personas que fueron diputados.
El mandatario agregó: “Ningún gobierno hasta hoy hizo nada ante esa aberración e inmoralidad de utilizar recursos que vienen de impuestos, que pueden pagar por seguridad pública, escuelas, carreteras, para regalarles ₡3500 millones a 78 exdiputados”.
Farid Ayales fue ministro de Trabajo de José María Figueres entre 1994 y 1998. En julio del 2000 fue condenado a ocho años de cárcel por el delito de concusión, es decir, cuando un funcionario público abusa de su cargo para obligar a otro a darle algún bien patrimonial. Ayales obtuvo el beneficio de cumplir casa por cárcel por enfermedad (leucemia).
Llamado a pensionados de lujo
Por su parte, el ministro (interino) de Trabajo, Luis Paulino Mora, invitó a los beneficiarios de estas pensiones a “llegar a un acuerdo con la propia Procuraduría y ahorrarnos, además, el proceso respectivo para que finalmente se les dé la pensión que en derecho corresponde, que es la pensión limitada al salario de un diputado”.
El ministro recordó también que las pensiones de lujo consumen el 10% del presupuesto nacional y el 25% de los ingresos ordinarios.
Una de las promesas de campaña de Chaves fue la lucha contra las pensiones de lujo.
Como parte de esta iniciativa, la semana anterior se anunció la toma de medidas legales para ponerles tope a las pensiones de 78 exdiputados con el argumento que este pago constituye un daño innecesario e injustificado al Estado.
El mandatario adelantó que en noviembre tomarán acciones fuertes para eliminar las pensiones de lujo.
Pese a los grandes anuncios, la lucha del presidente no es ajena a contradicciones. La más reciente por el nombramiento de Guillermo Malavassi en el Consejo Superior de Educación cuando es uno de los 78 beneficiarios, a lo que Chaves argumentó: “Aquí hay que separar a las personas de los temas”.
Antes de eso, el presidente propuso someter a referéndum estas pensiones, pero el artículo 105 de la Constitución Política lo prohíbe.
