Varios exjerarcas de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) figuran en una denuncia penal por el supuesto delito de incumplimiento de deberes, debido a irregularidades en una serie de convenios que se firmaron entre 2011 y 2015 con la empresa Ad Astra, del astronauta y científico Franklin Chang Díaz.
Los convenios eran para investigar y desarrollar proyectos de uso del hidrógeno como combustible. Sin embargo, “en la sana teoría, para que Recope pueda incursionar en este tipo de proyectos, primero debe pasar por la reforma de ley en la Asamblea Legislativa, dado que nuestras competencias están delimitadas”, explicó Karla Montero, presidenta de Recope.
Entre los tres convenios, la institución entregó $2,1 millones a la empresa, para los cuales la entonces presidenta de la República, Laura Chinchilla, firmó dos decretos ejecutivos. Uno autorizó a Recope a investigar y desarrollar energías alternativas y el otro incluyó contenido económico al convenio con Ad Astra.
Además, en ese tiempo Recope consultó a la Contraloría General de la República (CGR) si el convenio era legal y la respuesta del ente fue que no necesitaba su autorización, es decir que se hizo a un lado en todo este asunto.
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El presidente Rodrigo Chaves opinó “esto fue un regalo” de Laura Chinchilla en forma de subsidios para una empresa privada porque, incluso si hubiera logrado su cometido, las ganancias se las habría dejado la empresa. Esto “porque Recope no tiene facultad para el negocio del hidrógeno”, aportó Karla Montero.
Chaves agregó que por este caso la junta directiva de Recope destituyo a la gerente general, Ana Lucía Alfaro, “porque ella era miembro de la junta directiva que aprobó esos miles de millones o más de mil millones de regalo y aparentemente lo votó a favor. Entonces no solo denunciamos a los que no teníamos ningún control, ya se tomó acción”.