Patricia Calderón es la juez del Tribunal Contencioso Administrativo que el pasado 3 de abril suspendió el decreto que bajaba los aranceles a la importación de arroz, el cual era parte de una estrategia del Gobierno para bajar el precio de este alimento. Las opiniones que ella publicó en redes sociales ha dado paso a dudas si actuó de forma imparcial en este caso.
El político Otto Guevara mostró pantallazos de publicaciones de Calderón en la red social Facebook que ya se borraron de su perfil. El mensaje reproducido decía:
“El presidente que nos vio la cara: Por cada mentira descubierta o denunciada, otra mentira, otro responsable. él (con minúscula), no se equivoca, no sabe nada de lo que pasó en su campaña ni de lo que está pasando en su gobierno”.
Guevara también afirmó que la juez fue miembro de un comité cantonal del Partido Acción Ciudadana (PAC), su esposo es dirigente de este partido, mientras que su hijo es concejal electo y su hija fiscal del PAC. El excandidato presidencial sugiere que con estos antecedentes es muy posible que Calderón tomara su decisión por razones ideológicas.
El presidente Rodrigo Chaves opinó “la señora Patricia demuestra que no es imparcial, no ha denegado la autoría de esta y las otras cosillas que andan por ahí y yo me pregunto ¿dónde está la inspección judicial?”, y agregó “porque este es un caso de inspección judicial clarísismo en mi humilde opinión”.
“Lo que ella (Patricia Calderón) me resbala. Lo que no me resbala es que las familias más pobres de Costa Rica les vaya a subir, porque les va a subir, ya lo dijeron todos, el arroz en una tercera parte por lo menos a raíz de la decisión arbitraria, anticonsumidora y muy probablemente plagada de ideología PAC y de odio al Presidente personalmente”, zanjó Chaves.
Tras las declaraciones del Presidente la Inspección Judicial procedió a abrir una causa disciplinaria a Patricia Calderón, por la cual se investigarán sus publicaciones y ella deberá explicar su comportamiento. Además, es posible que quede fuera de la resolución a una apelación que presentó la Procuradoría General de República contra la suspensión del decreto.
