El presidente de la República, Rodrigo Chaves, opinó que el fallo de la Sala Constitucional contra el cierre del Parque Viva provoca que la ciudadanía desconfíe del sistema, porque parece beneficiar los intereses de grupos económicos por encima de las personas.
Sin embargo, afirmó: “El gobierno de la República obedecerá la decisión de la Sala” y reafirmó su convicción en la independencia de poderes.
Chaves criticó que se antepuso “el negocio privado de eventos masivos en un parque que se construyó sin los permisos correspondientes” a la salud de los vecinos de La Guácima, de Alajuela, y visitantes en “una contorsión, un estiramiento lógico jurídico para pegar dos puntos que en mi opinión y en la opinión del pueblo, como se ha manifestado, no tiene nada que ver”.
El presidente sostiene que a pesar del cierre del parque por una orden sanitaria el periódico La Nación siguió vendiendo publicidad, imprimiendo ejemplares, difundiendo noticias normalmente.
Agregó que a partir de conversaciones y publicaciones en redes sociales se evidencia el sentir general de la población: “La gente piensa que el sistema les está fallando a ellos para favorecer a grupos poderosos e influyentes. Esa es la opinión pública”.
El conflicto por el Parque Viva surgió a partir de su cierre, el pasado 8 de julio del 2022, por una orden sanitaria que el Ministerio de Salud ejecutó por recomendación de las autoridades de Tránsito, Cruz Roja y Bomberos.
Grupo Nación, corporación que es dueña del parque y del periódico La Nación, calificaron el cierre como ataque a la libertad de prensa. En consecuencia, Armando González, director del medio, interpuso un recurso de amparo ante la Sala Constitucional.
Los magistrados votaron a favor del recurso y revirtieron el cierre del parque al que consideraron “una violación indirecta a la libertad de prensa, esto porque priva al medio de su principal fuente de ingresos”. Previo al cierre se supo que Grupo Nación adeuda a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) ¢6.444 millones por el pago de bonos que la institución compró entre 2019 y 2020.
En la CCSS se cuestionó la capacidad de la empresa para pagar porque reportaba pérdidas, preocupación a la que se sumó Chaves. En ese entonces, el mandatario había mencionado el anuncio de la empresa de traspasar propiedades a un fideicomiso, que de realizarse haría legalmente imposible un embargo en caso de impago de deuda.
