Ya se veía venir, pero finalmente se concretó.
El presidente, Rodrigo Chaves, vetó la ley que sacaría a Costa Rica de la lista gris de la Unión Europea de países no cooperantes en materia fiscal.
La razón de más peso es que con la reforma a la Ley de Impuesto sobre la renta, un grupito de empresarios papudos se salvarían de pagar en tributos hasta ¢21.000 millones.
En conferencia de prensa después de Consejo de Gobierno, la primera semana de setiembre del 2023, el mandatario había señalado corporaciones como banco Lafise, banco Promérica, BAC San José, Durman Esquivel, banco Improsa y Coca-Cola a las que le harían la cachetada con este texto.
Chaves y Nogui Acosta, ministro de Hacienda, sostienen que el Estado perdería ¢36.000 millones de ingresos extraterritoriales “que están en etapa procesal en vía administrativa y en vía judicial”, especifica un boletín de prensa.
“Dimensionemos estos números. ¢36.000 millones en un año bastan para que el MEP construya 20 centros educativos, 135.000 nuevas becas de transporte estudiantil, más de 250.000 becas de comedores estudiantiles o más de 70.000 becas de avancemos. O para que el MOPT pueda atender la mitad de los puentes en peor estado de la red vial nacional o cubrir la ampliación del aeropuerto de Liberia.
“Esta suma de ¢36.000 millones es prácticamente equivalente al presupuesto 2024 del MIVAH, COMEX, MICITT, el Ministerio de la Presidencia y la Defensoría de los Habitantes juntos”, aseguró Chaves.
El gobierno sostiene que la modificación al artículo 1 de la ley en cuestión le impediría al Ministerio de Hacienda cobrar hasta ¢10.000 millones anualmente por no poder aplicar el 30% en créditos registrados en la balanza de pagos.
“La reforma a este artículo no era necesaria. La Unión Europea (UE) no lo pide y no es relevante para salir de la lista negra. Simplemente, algunos legisladores quisieron meterlo para hacerle un favor a las grandes corporaciones. De hecho, algunos diputados hicieron con esta ley lo que la UE nos demanda que evitemos para sus empresas y países”, concluyó el presidente.
La administración propone que el texto establezca una vinculación económica con el territorio nacional cuando las rentas se originan de servicios prestados, bienes situados o capitales utilizados en el país, que se obtengan durante el periodo fiscal; asimismo, si de tales elementos se derivan otras rentas, en el territorio nacional o fuera de éste, resultarán gravables con el impuesto.
El proyecto lo aprobaron Liberación Nacional (PLN), la Unidad Social Cristiana (PUSC), Nueva República (NR) y el Partido Liberal Progresista (PLP).