La empresa Bambú Capital Sociedad Anónima perdió un jugoso contrato con Casa Presidencial de ¢150 millones por lo que resta del 2019 (y pudo alcanzar los ¢745 millones en total si se aplicaba por lo que resta de la Administración Alvarado) para combatir las noticias falsas entre otras tareas.
Una mentira se trajo abajo la adjudicación del Ministerio de la Presidencia a la agencia de publicidad.
La División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República anuló el procedimiento porque “se determinó que el Ministerio licitante dejó de lado su obligación de verificar el cumplimiento de requisitos que resultan necesarios para el cumplimiento del objeto de la contratación”, indicó la institución en un comunicado de prensa.
¿En qué faltó a la verdad Bambú?
El dueño de la compañía, Erick Arturo Apuy Achío, brindó una declaración jurada falsa ante una notaria pública al sostener que contaba con la herramienta de TV Data/medición de audiencias, cuando Interaction (nombre comercial de la agencia de publicidad) ni siquiera figura en la lista de clientes de Kantar Ibope Media.
En agosto anterior, Casa Presidencial actuó de oficio al destaparse el broncón y le pidió a la Contraloría que investigara el uso indebido del nombre de Kantar Ibope Media en el proceso de contratación.
Todo se le derrumbó a Bambú al circular un documento en el que la empresa Kantar Ibope Media le solicitó que dejara de usar su nombre en el proceso de licitación, pues “esa agencia no se encuentra entre nuestros clientes”.
Casa Presidencial tendrá que analizar el tema para definir si sigue con el plan de contratar a alguna empresa para que brinde el servicio.
“Esta es una oportunidad que nos da la Contraloría de devolvernos el estudio técnico para establecer con claridad requisitos que nos garanticen que las empresas que participan en la licitación efectivamente cuenten con las herramientas que son necesarias para este Ministerio”, expresó la ministra de Comunicación, Nancy Marín.
*Nota actualizada a las 16:15 con declaraciones de la ministra de Comunicación, Nancy Marín.
