Los magistrados de la Corte Plena aprobaron un recorte de ₡13.242.080 millones en el presupuesto en ejecución del Poder Judicial para 2026, a fin de cumplir con la solicitud que realizó el Ministerio de Hacienda a todas las instituciones públicas. No obstante, la institución advirtió que esta reducción de recursos afectará los esfuerzos para combatir el crimen organizado y acelerar los procesos judiciales.
El Poder Judicial detalló que unos ₡8.687.877 del monto total corresponden a recursos que ya había aprobado la anterior Asamblea Legislativa con el objetivo de fortalecer al Organismo de Investigación Judicial y al Ministerio Público. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda no autorizó desembolsar este dinero y luego lo eliminó del presupuesto de 2027.
La institución aseguró que este es el mayor ajuste que puede realizar sin comprometer su capacidad para seguir ofreciendo sus servicios a la población. En el anteproyecto del presupuesto para el año 2027 se contempla una rebaja de ₡26.549 millones, pero la Corte rechazó este reajuste y afirmó que tendría n impacto en el acceso a la justicia, la atención a las víctimas y la disminución del rezago judicial.
“El Poder Judicial reitera que los recursos asignados a la administración de justicia son fundamentales para garantizar la atención de la ciudadanía, la protección de los derechos de las personas y la continuidad de las acciones que han permitido desarticular organizaciones criminales, llevar casos ante los tribunales y obtener condenas contra líderes de estructuras delictivas”, reza el comunicado institucional.
El pasado miércoles 24 de junio el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, anunció que el Poder Ejecutivo ejecutaría recortes en los gastos de todos los ministerios e instituciones a su cargo. De igual manera, solicitó a los poderes Legislativo y Judicial, Defensoría de los Habitantes, Contraloría General de la República y Tribunal Supremo de Elecciones que también redujeran sus gastos.
El ministro fue especialmente enfático con el Poder Judicial: “La faja nos la vamos a amarrar todos los que trabajamos por orden de doña Laura Fernández en el Estado costarricense. El Estado costarricense, no el Gobierno, no el Ministerio de Transportes, no el Ministerio de Agricultura, todas las instituciones del Estado: Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo”.
