La ética del fundador PAC, Ottón Solís, es tan frágil que no soporta ni siquiera un ventolero.
En su intervención en la Comisión de Ingreso y Gasto Público acomodó aquella frase lapidaria que lanzó en julio del 2016: “Si se confirma en los tribunales que el Partido Acción Ciudadana fraguó una estafa para engañar al Estado simplemente debe desaparecer”.
Pasaron casi cuatro años y Solís ajustó el significado de su expresión.
Ante los legisladores atribuyó la estafa PAC a personas (Manuel Antonio Bolaños Murillo y Maynor Sterling Araya, condenados por ese delito) y no a la agrupación política.
“Fue multado (el PAC) por fallar en nombrar y en vigilar. No se estableció en los tribunales, y eso es clarísimo, que hubiese una construcción desde las autoridades del partido en grupo o desde la asamblea nacional para que ocurriese lo que ocurrió. Fue condenado a pagar una multa por la estafa que se identificó en algunas personas del partido. El Tribunal es clarísimo en que focaliza el problema en personas, no en la estructura del Partido. Y en lo personal, no podría haber sido parte de lo que ocurrió si me enfrenté ferozmente a que se incrementara el límite de la deuda política”, aseguró Solís en la comisión.
Por tal motivo, el representante de Costa Rica ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) no considera que el PAC deba desaparecer, pues como partido no fraguó la estafa, sino fue por el comportamiento de ciertos integrantes.
El Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial estableció el daño económico contra el Estado costarricense en ¢516 millones y podría ser mayor si se acepta la apelación de la Procuraduría General de la República (PGR) en que se incluyan otros ¢160 millones por intereses y costos del proceso.
El PAC sumó una segunda condena, la semana anterior, al pago $153.000 (unos ¢89 millones) por deberle unas facturas a Producciones Jaulares S. A., en la campaña electoral del 2014, en la que resultó electo Luis Guillermo Solís.
En la comparecencia, el presidente de la comisión, Gustavo Viales (diputado PLN), cuestionó fuertemente a Ottón porque algunos de sus familiares adquirieron bonos de la deuda política del 2010 con descuento, mientras que bancos u otros partidarios los recibieron en otras condiciones menos favorables.
El diputado Dragos Dolanescu, del partido Republicano Socialcristiano, se basó en varios documentos para demostrarle que en la campaña del 2006 sus seres queridos también le compraron bonos por ¢90 millones.
