- Banco Nacional pega brincos por condena de 33 peculados y asegura que “el tiempo nos da la razón”, pero el desastre en la lentitud de la respuesta y los controles de seguridad en este caso dejaron al desnudo la inteligencia interna.
Casi tres años después de que ¡Qué Torta! destapó en exclusiva el Bovedazo del Banco Nacional, finalmente hubo una condena.
El Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José condenó este jueves 27 de agosto del 2026 a un extesorero de apellido Olivas a 330 años de cárcel por 33 delitos de peculado, relacionados con la sustracción de aproximadamente ¢3.200 millones de la entidad estatal.
La pena la readecuaron a 30 años de prisión. Sobre Olivas cayó todo el peso de la ley, pero eso no es garantía de recuperar un cinco del desastre que ocurrió en el corazón de la capital.
Y ese es el enorme sinsabor que queda después de uno de los mayores papelones en la historia del Banco Nacional: un funcionario consiguió sacar una millonada de una bóveda que debía estar celosamente custodiada.
BN feliz
El Banco Nacional recibió “con satisfacción” la condena y aseguró que representa un paso relevante en el esclarecimiento de los hechos y la determinación de responsabilidades.
Manuel Avendaño, director de Comunicación Corporativa, Reputación y Gestión de Partes Interesadas del BN, fue más efusivo: “Hoy el tiempo nos da la razón y la justicia también se hace valer”.
La frase es más que grosera y ni siquiera da para borrar o desaparecer una cadena de errores que se conjugaron en el saqueo.
Este caso, conocido como el Gallo Tapado, así bautizado por las autoridades, destapó las graves falencias en seguridad e inteligencia de la entidad financiera.
No fue necesario la entrada forzosa de un comando, usar explosivos para abrir la caja fuerte, ni siquiera se disparó una sola bala.
Olivas fue sacando, tipo hormiga, la plata en sobres manila prácticamente en las narices de medio mundo.
Nadie puso las manos
Cuando ¡Qué Torta! reventó este caso el lunes 23 de octubre del 2023, a las 3:33 p. m., apenas comenzaba a conocerse la dimensión del hueco.
Lo que apareció después fue todavía peor. La investigación reveló imágenes de Olivas manipulando fajos de billetes y haciendo paquetitos.
El fiscal general, Carlo Díaz, explicó entonces que aprovechaba un punto ciego de las cámaras y podía salir tranquilamente con los sobres pasando incluso por los puestos de seguridad.
Y por si semejante relajo fuera poco, otro dato terminó de desnudar los controles internos: desde el 2019 no se hacía un conteo físico integral del efectivo existente en la bóveda.
Mientras tanto, la plata desaparecía.
Son las ‘vístimas’
El BN también aprovechó su comunicado para declararse “la principal víctima” del caso y asegura que sufrió una afectación patrimonial significativa y un fuerte golpe reputacional.
Claro que fue víctima del delito, pero también era la institución encargada de custodiar la plata que desapareció.
De hecho, el propio Banco reconoce que posteriormente fortaleció sus mecanismos de control, supervisión, gestión de riesgos y gobierno corporativo para prevenir situaciones semejantes.
¿Y los ¢3.200 millones?
Esa es la pregunta que los 330 años de condena no responden.
El comunicado del Banco Nacional no anuncia la recuperación de la millonada.
Más bien señala que continuará respaldando las acciones dirigidas a “la recuperación de los recursos involucrados”. En buen tico: esa harina se esfumó.
Durante la investigación, el OIJ también puso la lupa sobre la extraordinaria afición de Olivas por los juegos de azar.
El exdirector, Randall Zúñiga, explicó entonces que el tesorero pasó de comprar aproximadamente ¢100.000 diarios en lotería a mover cantidades de ¢1 millón, ¢2 millones y hasta ¢3 millones.
Las autoridades manejaron la tesis de que buena parte de la plata sustraída pudo haber terminado dilapidada en apuestas.
Precisamente de ahí salió el nombre policial de la investigación: “Gallo Tapado”.
Banco tapó la torta… hasta que fue insostenible
Cuando ¡Qué Torta! destapó el Bovedazo aquel 23 de octubre del 2023, el Banco Nacional ya sabía que tenía un faltante millonario.
Pero todavía no había presentado la denuncia penal.
Fue después de que este medio reventó la noticia que la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción abrió una investigación de oficio y posteriormente el BN presentó la denuncia.
El propio fiscal general cuestionó públicamente la tardanza y señaló que el caso debió denunciarse desde el momento en que se determinó la existencia del faltante.
Después vino el terremoto.
La directora jurídica terminó despedida sin responsabilidad patronal tras un procedimiento administrativo relacionado precisamente con la presentación tardía de la denuncia.
El entonces gerente general, Bernardo Alfaro, renunció semanas después.
Hubo allanamientos, detenciones, investigaciones administrativas, videos de los sobres manila y un proceso penal que finalmente llegó a sentencia casi tres años después.
Ese también es el historial que acompaña el “tiempo nos da la razón” que ahora proclama el Banco.
