- Institución reasignará policías penitenciarios a labores de seguridad en las cárceles, después de que el Poder Judicial defendiera la realización de audiencias presenciales.
El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, dio por terminado el convenio de cooperación con el Poder Judicial que permitía realizar audiencias virtuales dentro de los centros penitenciarios.
La decisión llega pocos días después de que figuras como el fiscal general de la República, Carlo Díaz, defendieron públicamente la presencialidad, en medio de la controversia generada por el traslado de privados de libertad de alta peligrosidad, entre ellos Diablo y Tan.
Lo más extraño de todo es que justo al mismo tiempo que se conoció la medida, la presidenta de la Sala Tercera, Patricia Solano, expresó que sustituir las audiencias virtuales por presenciales “entorpece” las diligencias judiciales e implica mayores requerimientos logísticos y de personal para el sistema.
Según informó Justicia, la medida permitirá recuperar una importante cantidad de recurso policial que hasta ahora permanecía asignado a la coordinación y custodia de las audiencias virtuales para reforzar la vigilancia, el control y la seguridad dentro del Sistema Penitenciario Nacional.
Esto también implica que las autoridades le devolverán al Poder Judicial todo el equipo tecnológico que se utilizaba para estos trámites.
Casi 2.500 audiencias en seis meses
Solo entre enero y junio del 2026 se realizaron 2.416 audiencias virtuales en los centros penitenciarios del país.
De ese total:
- 944 correspondieron a juzgados.
- 421 a tribunales de juicio.
- 354 a diligencias con defensores.
- 697 a otras actuaciones judiciales.
Para atender esa carga fue necesario movilizar 2.775 policías penitenciarios en labores de custodia, coordinación y seguridad.
En el Centro Nacional de Atención Específica (Máxima Seguridad) se desarrollaron 159 audiencias virtuales, que requirieron la participación de 318 oficiales penitenciarios.
Fiscalía se mandó valiente
El pasado 27 de julio, el Ministerio Público sostuvo que las modalidades de las audiencias responden exclusivamente a criterios jurídicos, procesales y de seguridad definidos por las autoridades judiciales.
En ese mismo pronunciamiento rechazó los cuestionamientos formulados por representantes del Poder Ejecutivo en torno al traslado de Diablo, al afirmar que quienes enfrentan procesos por delincuencia organizada son precisamente quienes más se benefician cuando se desacredita al Poder Judicial.
