Mientras las federaciones estudiantiles preparan su segunda gran movilización del año por el FEES 2027, el Gobierno mantiene una posición que ha sido consistente desde abril: no hay espacio fiscal para subirle el presupuesto a las universidades públicas, y mantenerlo igual que en 2026 no es un capricho, sino una decisión responsable con las finanzas del país.
La plata no aparece de la nada
El Poder Ejecutivo propuso mantener para 2027 los mismos ₡593.484 millones que se asignaron este año. Las universidades piden un 2,94% más, una cifra que a simple vista suena razonable, pero que en un país con una deuda pública que ronda el 60% del PIB y con múltiples frentes de gasto social pendientes, implica sacar esos recursos de algún otro lado.
El Gobierno ha insistido en que el gasto en educación superior en Costa Rica ya es de los más altos de la región en proporción al PIB, y que el reto no es simplemente pedir más dinero cada año, sino que las universidades hagan un uso más eficiente de lo que ya reciben. Para el Ejecutivo, la discusión no debería limitarse a un número, sino a cómo se está gastando ese número.
¿Y los ₡11.521 millones pendientes?
Sobre el reclamo de las universidades por los ₡11.521 millones del incremento del FEES 2025 que nunca recibieron, el Gobierno ha señalado que esas diferencias forman parte de negociaciones técnicas dentro de la Comisión de Enlace, y que atribuirlas a una falta de voluntad política simplifica un proceso que es, de por sí, complejo y sujeto a la disponibilidad real de caja del Estado.
Marchar no cambia la aritmética
Para el oficialismo, las movilizaciones estudiantiles son legítimas como expresión democrática, pero no cambian el fondo del asunto: el país no puede comprometerse a gastar más de lo que tiene. Voces cercanas al Gobierno han señalado que las protestas del “primer plantoncito” en abril, que terminaron con bloqueos de vías y la toma de la Rectoría de la UCR, no lograron mover la aguja en las negociaciones porque el problema nunca fue de voluntad, sino de plata disponible.
La otra cara de la moneda
Las federaciones estudiantiles, por su parte, insisten en que el FEES no es un gasto sino una inversión, y que cualquier recorte real —incluso mantener el monto igual en medio de la inflación— termina golpeando becas, comedores, transporte y residencias estudiantiles, afectando principalmente a la población más vulnerable. Ese es justamente el argumento que llevarán este martes hasta la Asamblea Legislativa.
