“No puedo ni siquiera hacer un semáforo, no puedo ir a comprar pan, no puedo ir a la feria del agricultor y lo asumo porque Costa Rica vale la pena y no me quejo”, reaccionó la presidente Laura Fernández a las críticas de diputadas de oposición al presupuesto destinado a la protección de funcionarios que, como ella, han sido blanco de amenazas por parte del crimen organizado.
El 1 de setiembre de 2026, la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Diana Murillo, se refirió al proyecto de ley del Presupuesto Nacional para 2027. Ella dijo que el Gobierno “anuncia un recorte de más de ₡23.000 millones al Poder Judicial, de los cuales ₡9.000 serán de recortes para el OIJ. ¿Pero para qué si hay dinero?”, Murillo continuó “₡60.000 se destinan cada mes para la seguridad de la Presidenta de la República y su ministro de Hacienda”.
A la polémica se sumó la diputada Claudia Dobles, de Coalición Agenda Ciudadana (CAC), quien publicó un mensaje en que también criticó las prioridades del presupuesto. La diputada mencionó recortes a seguridad, educación y justicia, mientras que aumentan los recursos al Ministerio de Hacienda y al de la Presidencia, “y, por supuesto, que no falte presupuesto para el convoy de carros y escoltas”.
La presidente Fernández respondió a Diana Murillo “mire señora, ojalá que usted nunca en su vida tenga que recibir una amenaza como las que yo he recibido, ojalá que usted nunca reciba la foto de la casa donde vive su mamá, ojalá que usted nunca tenga que andar con perros, drones y policías para hacer su trabajo. Pero a mí nadie me va a desviar del cometido que es devolverle la paz a Costa Rica”.
“Esos aumentos del presupuesto son al servicio del crimen organizado y también para garantizar la protección de funcionarios que, obviamente, tenemos que hacerle frente y poner el pecho a las balas ante la situación del crimen organizado”, explicó la mandataria.
La diputada Diana Murillo cuestionó el presupuesto para protección de la Presidente en un contexto de recortes al Poder Judicial.
