- Es uno de los acuerdos a los que se llegó en la reunión de las presidentes de los Supremos Poderes.
El Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO) podría contar con un consultorio jurídico que permita llevar a cabo audiencias virtuales con los abogados y tribunales que atienden a los privados de libertad.
Al finalizar la reunión entre las presidentes de los Supremos Poderes y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), la Presidente de la República, Laura Fernández, manifestó que tuvo una “coincidencia total” en este tema con la Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Vargas.
“Tenemos gran interés en establecer, incluso, algún consultorio jurídico en el CACCO. Audiencias virtuales en el CACCO para que delincuentes de alta peligrosidad no tengan que ser trasladados. Del portón de La Reforma para afuera quedan en custodia de las autoridades judiciales”, expresó la mandataria.
“Pongamos el caso de alias Diablo, que lo comentamos. Para nosotros ese tipo es de altísima peligrosidad, tiene un sistema de vigulancia enorme por parte del Sistema Penitenciario Nacional. A veces moverlo a audiencias fuera de Reforma, a mí en particular me preocupa muchísimo”, agregó Laura Fernández.
“Es un tema de interés, tanto para el Poder Judicial como para el Ministerio de Justicia. Vamos a trabajar conjuntamente. Vamos a instalar una mesa de trabajo para llegar a concensos en este tema”, comentó Patricia Vargas.
La Presidente de la República explicó que próximamente se reunirán los equipos de ambas en una sesión de trabajo conjunta para crear un reglamento, acuerdo o protocolo para definir cómo aplicarían las audiencias virtuales.
Roces por audiencias
El tema de las audiencias virtuales es uno más de los que provocaron desacuerdos entre el Ministerio de Justicia y Paz y jerarcas del Poder Judicial. En agosto de 2026, el ministro Gabriel Aguilar suspendió el convenio entre ambas instituciones que permitía realizar audiencias virtuales dentro de los centros penitenciarios.
Este convenio se aplicó desde la pandemia y se empleó desde entonces para evitar traslados, pero el fiscal Díaz defendió una audiencia presencial para el narcotraficante Alejandro Arias, alias Diablo, y solo después reveló que Diablo se reunió con oficiales de la Administración de Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos.
La magistrada de la Sala Tercera, Patricia Solano, calificó la suspensión de “retroceso” y advirtió que entorpece las diligencias judiciales. Por su parte, Carlo Díaz presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional para impedir que el Ministerio de Justicia termine el acuerdo que venció en 2022.