El Crédito de Salvamento que impulsa el presidente, Carlos Alvarado Quesada, limita el endeudamiento y desestimula el consumo.
Esta medida que el mandatario califica de acción concreta para “reactivar la economía”, así como para “mejorar la situación de las personas altamente endeudadas”, amarra al cliente a una serie de condiciones rigurosas.
Lo primero que se debe entender es que un préstamo de estas características jamás inyectará la economía, porque el propósito es que la persona reunifique deudas para que tenga un porcentaje del salario más libre “para ahorrar”. Es la teoría del gobierno.
Este no es un crédito de consumo. Tampoco se debe asumir qué hará el trabajador público o privado con el monto que “libere” de su salarios. Nadie puede asegurar que gastará en el supermercado, en la compra de un bien o que lo ahorrará.
Entre las reglas para optar por este crédito las autoridades son claras en que asalariado no podrá enjaranarse por otra vía hasta que no haya amortizado la mitad del Crédito de Salvamento o haya cumplido la mitad del plazo (entre 7,5 años y 10 años).
Otro tema que llama la atención es que el cliente que no cumpla con someterse a un programa de educación financiera no podrá acceder al préstamo. Si se lo dan e incumple lo sancionan.
Uno de los puntos más atractivos (a lo mejor el único) del crédito es la tasa de interés: un máximo del 11,05% anual.
