En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se celebra cada 3 de mayo, el Colegio de Periodistas, el Grupo Nación y figuras políticas como la expresidenta Laura Chinchilla y el asesor del Tribunal Supremo de Elecciones, Gustavo Román Jacobo, han coincidido en una misma línea: vincular la revocatoria de visas a cinco directivos del Grupo Nación con una supuesta amenaza a la libertad de prensa.
Sin embargo, más allá de las declaraciones públicas, no existe hasta el momento un hecho verificable que demuestre que esta decisión —adoptada por el Gobierno de Estados Unidos— implique censura, cierre de medios o limitación al ejercicio periodístico en Costa Rica.
¿Postura auténtica?
El Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva (Colper) emitió un comunicado en el que advierte que si la decisión estadounidense estuviera vinculada a la línea editorial del medio sería una señal preocupante para la democracia.
El propio texto condiciona su argumento a un supuesto: “Si esta decisión se basa en su posición crítica… sería una señal preocupante”.
Además, el Colegio plantea que el Estado costarricense debería solicitar explicaciones al Gobierno de Estados Unidos, e, incluso, sugiere que, de no hacerlo, podría interpretarse como una forma de “complicidad”.
No obstante, no se presenta evidencia que vincule la revocatoria de visas con el ejercicio periodístico del medio.
El pronunciamiento también pone sobre la mesa un elemento sensible: su actual presidenta, Yanancy Noguera, forma parte del consejo editorial de La Nación, medio directamente vinculado a los directivos afectados.
Aunque no existe evidencia pública de una intervención directa en la redacción del comunicado, su doble rol introduce un ángulo de análisis sobre posibles coincidencias de narrativa o percepciones de cercanía institucional.
Réplicas en La Nación
Desde el propio medio, la narrativa también se orienta en esa dirección.
El director de La Nación, Fabricio LeLous, publicó en redes sociales: “Costa Rica no puede quedarse sin prensa libre, cualidad vital de cualquier democracia”.
El mensaje, difundido en el contexto específico del retiro de visas, establece una conexión directa entre la medida migratoria y la situación de la libertad de prensa, aunque no se detalla un hecho concreto que sustente esa relación.
Reacciones políticas en la misma línea
La expresidenta Laura Chinchilla Miranda (2010-2014) calificó la decisión como “sorprendente” y afirmó que ocurre en un contexto en el que, según su criterio, se han registrado ataques a la libertad de prensa en el país.
Por su parte, Gustavo Román Jacobo, director del área de Estrategia y Gestión Política del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), llevó el argumento a un plano más amplio, comparando este tipo de decisiones con mecanismos internacionales que han sido utilizados para presionar o limitar medios de comunicación en distintos países.
Ambas posturas coinciden en enmarcar el caso dentro de una narrativa de afectación a la libertad de expresión, pese a que la medida no recae sobre el medio como tal.
Pulso viejo
Las reacciones también se dan en un entorno de tensión política. Tanto el Grupo Nación como varias de las figuras que han salido en su defensa han mantenido posiciones críticas constantes hacia el gobierno del presidente, Rodrigo Chaves, quien a su vez ha confrontado públicamente a estos actores.
