Seis meses después de que el Consejo de Gobierno abrió una investigación contra la junta directiva del Banco Nacional (en octubre del 2023) por el caso del Bovedazo, en el que reventaron un piñatón de ¢3.293 millones, se determinó que “realizó todas las actuaciones conforme la normativa aplicable”.
Así lo informó Casa Presidencial en un comunicado de prensa que difundió la tarde de este miércoles 10 de abril del 2024.
La desaparición de la plata de las oficinas centrales de la institución financiera la reventó en exclusiva ¡Qué Torta!, el lunes 23 de octubre del 2023.
A partir de ese momento, se activaron todas las alarmas en las autoridades judiciales, porque nadie había puesto ni una sola denuncia del robo indecente.
Entre las víctimas colaterales de este escandalazo figuran el exgerente general Bernardo José Alfaro Araya, quien renunció al puesto a principios de diciembre del 2023, así como la directora jurídica, de apellidos Herrera Cantillo, a quien se la volaron el 16 de febrero del 2024.
“El Consejo de Gobierno ha instruido a la Junta Directiva del Banco Nacional que mantenga la generación de acciones preventivas para evitar que se vuelva a incurrir en situaciones como la acontecida, medidas que deben ser comunicadas de forma periódica, así como también informar los resultados de los procedimientos administrativos y del proceso penal en curso”, detalló el parte oficial del Ejecutivo.
Es decir, todos los miembros de la junta directiva quedaron quietos en primera y sin sanciones por lo ocurrido.
Hay un expediente judicial abierto por este saqueo de los dineros públicos.
El principal sospechoso es un tesorero de Procesamiento de Efectivo, de apellidos Olivas Valle, vecino de Ipís de Goicoechea, quien, aparentemente, se clavó solito ese platal. Habría cometido un robo hormiga por años.
El OIJ y el Ministerio Público sostienen que todo se lo gastó en juegos de la Junta de Protección Social (JPS), aunque cuesta creerlo.
En la causa también figuran otros funcionarios.
