La Junta de Protección Social (JPS) y la Municipalidad de Cartago se metieron de lleno contra la venta ilegal de lotería en el cantón central y el resultado fue contundente: inspecciones, notificaciones y cierres indefinidos de locales.
Se trató de una intervención directa sobre puntos que estaban funcionando y desviaban recursos que, en teoría, deberían terminar financiando programas sociales.
Las autoridades revolcaron siete locales comerciales, donde se detectó la venta de loterías ilegales, en una acción que forma parte de una estrategia más amplia impulsada por la JPS para frenar un negocio que mueve millones.
Cada venta clandestina le pega directamente a cerca de 500 programas sociales que dependen de los ingresos de la lotería oficial.
“La ilegalidad no tiene espacio”, advirtió el gerente general de la JPS, Allan Marín Roldán.
Pero el asunto no se queda únicamente en la venta de lotería. En intervenciones recientes, incluso se han detectado elementos que elevan la preocupación, como la presencia de objetos punzocortantes vinculados a este tipo de actividades, lo que abre la puerta a otros riesgos que van más allá del simple comercio ilegal.
Así lo confirmó el alcalde de Cartago, Mario Redondo, quien dejó claro que este tipo de operativos también buscan contener situaciones que podrían afectar la seguridad de los ciudadanos.
Lejos de ser un hecho aislado, este tipo de acciones ya se vienen replicando en otras zonas del país, como Santa Ana y San Antonio de Belén, en un esfuerzo coordinado entre municipalidades, policías locales y la propia JPS. La intención es cerrar el cerco y cortar de raíz una práctica que se ha normalizado durante años.
