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Hacienda eliminaría dependencias para poner orden en su propia casa

El Ministerio de Hacienda se plantea reestructurar sus áreas legales y consultó a sus funcionarios para contar con sus recomendaciones a la hora de enviar una propuesta al Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan). Hacienda explicó que en la actualidad tiene 18 áreas legales, en las cuales se detectaron problemas como la poca capacidad para gestionar los procesos de cobros judiciales que se deben al Estado.

La institución desea aplicar las recomendaciones del Mideplan y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) de unificar las áreas jurídicas en una estructura que sustituya áreas funcionales con competencias similares pero sin articulación entre sí, por unas más robustas y especializadas. Esto permitiría una recuperación más eficiente de impuestos que se adeudan al Fisco y fortalecería la supervisión del personal.

Víctor Julio Carvajal, viceministro de Ingresos, planteó la situación “hoy tenemos más de 200 abogados distribuidos en 18 unidades administrativas dentro de distintas dependencias. Esta dispersión genera el alto riesgo de que se emitan criterios jurídicos contradictorios y se dupliquen trámites, lo que frena la gestión y afecta la seguridad jurídica de los usuarios de nuestros servicios».

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El funcionario declaró «el Ministerio debe hablar con una sola voz legal, por eso, reorganizamos la estructura para fortalecer la Dirección Jurídica con criterios unificados. Al mismo tiempo, aprovechamos este talento para potenciar las áreas de cobro, haciendo más eficiente todo el sistema hacendario. Con esta iniciativa se busca una mayor recaudación fiscal que nos permita recuperar los recursos de todos los costarricenses para invertirlos donde más se necesita”.

Carvajal explicó que al finalizar el periodo de consultas, se analizaran las observaciones del personal de Hacienda y se enviará una propuesta al Mideplan. Agregó que con esto se busca modernizar la estructura y alinearla con los objetivos estratégicos, para garantizar procesos jurídicos institucionales bajo principios de integridad, transparencia, trazabilidad, acceso controlado a la información y adecuada gestión de riesgos.

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