Entre el 2008 y el 2015, un banco privado, cuyo nombre se reservó el Ministerio de Hacienda, y, al parecer, ligado a un empresario renombrado en el país evadió impuestos por unos ¢11.000 millones.
Las autoridades informaron este jueves 19 de enero del 2023, que se trata de un megacaso de defraudación al fisco, por lo que lo trasladó al Ministerio Público.
“Es la denuncia más grande que hemos recibido, por la cantidad tan enorme de dinero que está en juego”, indicó el director general de Tributación Directa, Mario Ramos.
Ramos, junto al ministro de Hacienda, Nogui Acosta, mencionaron en conferencia de prensa que recibieron una denuncia anónima sobre el caso, en setiembre del 2022.
Debido a que el plazo para realizar la investigación y establecer posibles sanciones administrativas es de cuatro años, es decir, ya es un caso prescrito, decidieron elevarlo a nivel judicial, donde la prescripción es de diez años.
Acosta y Ramos evitaron referirse a detalles específicos del banco como el nombre y las personas vinculadas a él, aunque sí explicaron la forma de operar para materializar la evasión.
Según Ramos, basado en el argumento de la denuncia, “la persona física” tiene una empresa en Costa Rica, posee también el control de una compañía financiera en Panamá y un holding (es un grupo de empresas que domina todo el negocio) panameño.
“La empresa costarricense trasladó $65 millones a la empresa panameña y a la holding y después entre la panameña y la otra empresa, la entidad financiera tomó como garantía esos $65 millones y los trasladó a la holding”, reveló Ramos.
“Esta triangulación hace que al momento que la empresa en Costa Rica pague intereses a la entidad financiera en Panamá, se cree un escudo fiscal a favor de la primera. Además, la salida de utilidades de la empresa en Costa Rica a entidades panameñas permite el traslado de recurso a los socios sin el pago de impuestos sobre los dividendos en Costa Rica”, agregó.
De acuerdo con Ramos, lo esperable es que si una empresa tiene dividendos para repartir y con base en lo “tributariamente correcto” debió haber pagado el 15% de impuesto a los dividendos establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta.
También se generaron escudos fiscales por los intereses que se pagaron.
El fraude fiscal es el delito que se castiga con pena de prisión por la evasión del pago de impuestos y se da cuando se ejecutan acciones para evitar el pago de impuestos.
Otros casos
Las autoridades mencionaron otros dos casos remitidos al Ministerio Público, como el de una sociedad anónima dedicada a la venta de legumbres que en el 2018 reportó en declaración de renta ¢3.700 millones en costos y gastos, pero no aportó comprobante de las compras hechas por ese monto. En total evadió ¢1.136 millones.
Otro caso enviado fue otra sociedad anónima de venta de vehículos que en el 2016 reportó una renta bruta (suma de todos sus ingresos) de ¢7.700 millones, pero la fiscalización determinó que de esa cifra, el 86% correspondía a venta de celulares.
Sin embargo, no fue posible localizar compras nacionales, ni importaciones, de manera que se rechazaron costos y se generó un presunto impuesto determinado de ¢1.001 millones de deuda en Impuesto General sobre las Venta (IGV) y ¢2.202 millones en Impuesto General sobre la Renta.
Hacienda tiene 23 denuncias activas en el Ministerio Público por un monto de ¢27.405 millones y antes del 15 de febrero presentará tres denuncias más por ¢6.370 millones.
Las autoridades mencionaron cambios en las acciones como reforzar la lucha contra el fraude fiscal e hicieron un llamado a los ciudadanos para que denuncien casos de presuntos delitos tributarios.
